A días de cumplirse tres años de ese 26 de mayo, en el que 238 personas, entre ellas 123 niños, fueron desplazados del Ejido Puebla, municipio de Chenalhó en Chiapas, los desterrados de su comunidad permanecen en paro indefinido a las puertas de Palacio Nacional.
El vocero de la Comisión Ejecutiva de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional, Jesús Gutiérrez Valencia, señaló el gobierno no les dio alternativas para su refugio por lo que los desplazados viven actualmente en un campamento en San Cristóbal de las Casas, donde carecen de medicamentos, lo que ocasionó la muerte de dos niñas.
Por su parte, acusó el vocero, el gobierno estatal y federal no han querido resolver este problema de fondo, pues sólo les han dicho que canalizarán su caso con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez.
Gutiérrez Valencia dijo que si bien es cierto que este es un problema que hereda el actual gobierno de administraciones pasadas, también es verdad que tiene la obligación política y moral de generar condiciones de retorno seguro para las familias desplazadas.
Araceli Cruz López, representante de las familias desplazadas, recordó que el 26 de mayo de 2016 fueron agredidos con palos, piedras y armas de fuego por simpatizantes de la presidenta municipal, Rosa Pérez Pérez, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
El motivo del altercado, en el que murieron Guadalupe Cruz Hernández y la menor Adriana, fue por no haber votado por ella en las elecciones y por reclamarle haberlos discriminado y marginado en los programas sociales.
Ello provocó que los agredidos se organizaran con otras comunidades del mismo municipio que padecían de la misma situación; realizaron diferentes marchas de protesta en Chenaló, lo que preocupó a la presidenta, así como al entonces gobernador, Manuel Velasco Coello, y a Eduardo Ramírez Aguilar, también del PVEM, pues se dice que recibirán dinero de Pérez Pérez.
Esos recursos, señaló, eran tomados del presupuesto destinado a mejorar las condiciones de las comunidades indígenas.
De acuerdo con Araceli Cruz López, este próximo 26 de mayo se cumplen tres años de haberse convertido en desplazados y sobrevivientes fuera de su comunidad, por lo cual claman justicia y poder regresar a su hogar.
