El Pleno de la Cámara de Diputados avaló por unanimidad, con 445 votos en favor, el dictamen que adiciona la Fracción VI al Artículo 19 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales para prevenir conflictos de interés en los asuntos de los organismos descentralizados de la Administración Pública.
La reforma implica que directores generales y de área en dichas organizaciones deberán demostrar no tener o haber tenido en por lo menos cinco años participación o intereses particulares o familiares en empresas que pudieran obtener beneficio de dicho nombramiento.
Con el documento enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales se busca evitar conflicto de interés y tráfico de influencias.
La presidenta de la Comisión de Gobernación y Población, Rocío Barrera Badillo, expresó que la finalidad es prevenir conflictos de interés en el despacho de los asuntos que competen a los organismos descentralizados de la Administración Pública Federal.
Indicó que hoy todas las fuerzas políticas se suman al reconocimiento de que el abuso del poder público y la impunidad “proporcionaron que prácticamente cualquier servidor público tenga incentivos para realizar acciones u omisiones en su deber público con miras a obtener un beneficio privado”.
Toda actividad deshonesta y conducta inadecuada debe ser sancionada, pero especialmente aquellas que se generan al amparo de una posición de poder dentro de la Administración Pública. “Es más efectiva la prevención que la sanción”.
Barrera Badillo argumentó que los conflictos de interés poseen peligrosos y serios agravantes que afectan en ocasiones de forma irreversible la imagen y buen nombre de la Administración Pública, restando credibilidad a los programas y acciones de gobierno, con las que se pretenden instaurar políticas en beneficio de la sociedad.
La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos distingue tres tipos de conflictos de interés, recomendando adoptar medidas legislativas para evitarlos: conflicto de interés real, de interés aparente y de interés potencial.
Con el dictamen, subrayó, se pretende evitar conflictos de interés aparentes y potenciales. “Es evidente que una persona que tenga intereses que puedan beneficiarle o perjudicarle de manera directa verá nublado su juicio al momento de tomar una decisión que debe ser objetiva y procurando el bien común”.
La diputada de Morena subrayó que se propone que no puedan ser parte del consejo de administración de las paraestatales quienes tengan al momento de su elección o hayan tenido en sus últimos cinco años previos al de su designación participación con las operaciones de la entidad.
