Por Jesús Michel Narváez
Para abrogar una ley secundaria se requiere que el Congreso reciba una iniciativa con la nueva propuesta que sustituirá a la que se busca derogar. En este caso no se requiere mayoría calificada sino simple, es decir, 50 más uno de votos de los individuos presentes.
En el caso de una reforma constitucional se necesita mayoría calificada, lo que significa las dos terceras partes de los legisladores que acuden a la sesión y participan no solo diputados y senadores federales sino también el Congreso Constituyente Permanente.
De tal suerte que un decreto carece de la fuerza legal para abrogar temas contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anterior, el anuncio-amenaza del presidente López Obrador hacia la CNTE de o se ponen de acuerdo o emite un decreto para derogar la “mal llamada reforma educativa –de Peña Nieto- y regresamos a la de 2013” no surtiría efectos legales.
Salvo que el Presidente viole la Constitución que protestó guardar y hacer guardar, con lo cual estaría cometiendo un delito.
Mostrar el “poder” porque no ceden sus otrora aliados y que cuentan con 40 diputados federales que le impiden a Morena tener mayoría calificada, no es el quehacer de un presidente y menos de un estadista.
¿A quién responsabilizar de que la CNTE, sus dirigentes, hayan recobrado el poder que tuvieron y perdieron con la mal llamada reforma educativa?
No hacia dónde voltear.
Porque fue el candidato y ahora el presidente el que les entregó en charola de plata la reforma que pretende en su gobierno.
Lo hizo cuando dejó que los centistas de la sección 18 de Michoacán bloquearan las vías ferroviarias y no hizo nada, lo que ocasionó pérdidas económicas y de bienes por cientos de millones de pesos.
Lo hizo cuando ordenó desde su mañanera que Esteban Moctezuma Barragán dialogara con los maestros y que le quitaran a la iniciativa aprobada en comisiones de la Cámara de Diputados, todo lo que incomodara a los radicales de la educación.
Lo hizo al repetir en sus conferencias de prensa que una reforma educativa no puede realizarse sin la participación de los maestros.
Ha llamado conservadores a los maestros radicales. y antes de su anuncio-amenaza lanzado en Campeche, días antes refirió en Michoacán que no cederá en el control de la nómina federalizada y que se hará un censo para determinar qué mentores son aviadores.
Ninguno de sus discursos hizo que los de la CNTE, dirigentes y sus agremiados se arredraran. por el contrario, con cada advertencia la tensión creció, lo que llevó a López Obrador a enfurecerse.
Frente a lo que es sin duda una ruptura entre el gobierno federal y los disidentes del magisterio –hay que ir pensando si en realidad lo son o los otros llevan la etiqueta-, se demuestra que los operadores políticos no han cumplido con su tarea y de nueva cuenta se exhibe que México está gobernado por las decisiones de un solo hombre.
¿Actuará la consejería jurídica de la Presidencia de la República para hacerle ver que su decisión de decretar la abrogación es inconstitucional?
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