El Grupo Parlamentario del PRI apoyó reformas a 5 artículos de la Ley de Migración que apoyan a consolidar un sistema protector de los derechos humanos de los migrantes con estancia legal o ilegal en México, al fijar la posición del GPPRI los diputados María Ester Alonzo, Hortensia Noroña y Juan Francisco Espinoza Eguía.
Espinoza Eguía exigió al Gobierno federal una postura enérgica y contundente que defienda la dignidad de los mexicanos y la soberanía de nuestra Nación frente a las amenazas del exterior.
Expuso que luego de las amenazas y amagos del Presidente Donald Trump, un hombre de Estado no puede responder con ocurrencias y dichos a una situación que día a día se agrava.
Expuso que las y los diputados del PRI, independientemente de las diferencias con el Gobierno federal “estamos dispuestos a seguir trabajando por la construcción de una solución al problema de la migración que sea viable y legal para todos los países involucrados, respetando siempre los derechos humanos, la seguridad y soberanía nacionales”.
En este ánimo de colaboración, dijo, se inscriben las reformas a los artículos 70, 70 Bis, 93, 109 y 140 de la Ley Migratoria.
La actualización del ordenamiento aprobado por mayoría en la Cámara de Diputados, establece que la política migratoria debe ofrecer garantías, seguridad y protocolos que privilegien la dignidad, integridad de los migrantes y a su vez, establece obligaciones y se finquen responsabilidades en los funcionarios que no apliquen la ley.
El diputado por el estado de Nuevo León, Juan Francisco Espinoza Eguía explicó que la adición a los artículos 70 y 70 Bis, establece que la persona migrante tendrá derecho a ser asistido por un defensor con plena capacidad para asesorar al extranjero y para defender sus intereses.
Con ello, se garantiza su derecho a la asistencia consular a contar con un intérprete durante todo el procedimiento y la comunicación de los extranjeros con sus defensores.
Asimismo, obliga al Instituto Nacional de Migración a informar del inicio de los procedimientos administrativos al Instituto Federal de Defensoría Pública, para que este vele por los derechos de los migrantes.
La modificación al artículo 93 de la Ley Migratoria, explicó la diputada María Ester Alonso Morales, aclara la función de las autoridades migratorias y evita que al cumplir sus funciones de control, verificación y revisión el Instituto Nacional de Migración invada la competencia del Ministerio Público, instancia que por ley tiene reservada la tarea de recibir e investigar denuncias penales cuando existe un delito.
La diputada por el estado de Yucatán, puntualizó que el Instituto Nacional de Migración, tiene la importante obligación de regular los flujos migratorios desde un enfoque de derechos humanos, preservando la seguridad, tanto de los mexicanos como de los extranjeros y debe conocer la información de las personas que ingresan al país, pero no puede valorar o juzgar un hecho de carácter penal.
Por último, la también diputada priista, Hortensia Noroña Quezada, expuso que los cambios a los artículos 109 y 140 representan un avance legislativo, al asumir y tratar al migrante con solidaridad y dignidad.
Se le protege dijo contra abusos, delitos o conductas inhumanas ejercidas incluso por las propias autoridades, dijo la diputada por el estado de Jalisco.
“También decimos a nuestros vecinos, México está listo en materia de migración, para construir visiones compartidas, políticas comprensivas, estrategias comunes y prácticas coincidentes entre naciones de origen, tránsito o de destino, de anhelos, sueños y búsqueda de un mejor futuro” concluyó la diputada Noroña Quesada.
