* Demanda para el Tren Maya y refinería Dos Bocas consultas previas a pueblos y comunidades indígenas
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) destacó la imperiosa necesidad de proteger la labor de las personas defensoras de derechos humanos, de la tierra y del medio ambiente, así como de acabar con la impunidad existente en la mayoría de los casos de agresión que en contra de ellas se han presentado, señalando que, tan sólo entre 2010 y 2018, fueron privadas de la vida 38 mujeres defensoras.
Al participar en el Seminario Internacional sobre la Situación de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, de la Tierra y del Medio Ambiente, en el auditorio “Héctor Fix Zamudio” del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, señaló que los mecanismos de protección para defensoras y defensores ayudan, pero no resuelven ni previenen el problema de fondo, que son las agresiones que se realizan en su contra, siendo el mejor antídoto contra las mismas el abatimiento de la impunidad.
Llamó a reconocer la labor de las y los defensores ambientalistas, los riesgos implícitos en las tareas que llevan a cabo, enfatizando la necesidad de emprender acciones para su protección y prevenir su criminalización. Señaló que, en Oaxaca, Chihuahua, Guerrero, Estado de México y Chiapas la multiplicación de proyectos de desarrollo y el acaparamiento de tierras, han generado conflictos con las comunidades indígenas, quienes tienen el derecho de preservar y defender su entorno, creencias y cultura. Calificó de alarmante que, en 2018, de las 96 medidas cautelares emitidas por la CNDH, 45 fueron en favor de personas defensoras de derechos humanos.
Explicó que las empresas deben asumir su responsabilidad frente a los derechos humanos no como actividad altruista que asegura y complementa el éxito de sus productos o servicios, sino como obligación cuyo incumplimiento esté sujeto a consecuencias normativas, llamando la atención sobre la necesidad de que las compañías, tanto públicas como privadas, asuman y cumplan con los principios reconocidos internacionalmente sobre los derechos comerciales y humanos, incluyendo los principios rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU.
Al referirse a proyectos tales como el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas el Ombudsperson nacional, consideró que, en cumplimiento a las obligaciones contraídas por el Estado mexicano en este ámbito, deben implementarse los procesos de consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, conforme a estándares internacionales, abundando en que los contenidos de estos proyectos deben darse a conocer ampliamente para propiciar un debate público y la participación libre e informada de las partes interesadas.
Durante esta ceremonia, en la que también estuvieron presentes Issa Luna Pla, Secretaria Académica del IIJ de la UNAM; Antoni Pigrau Solé, Director de la Cátedra de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona (CEDAT) y Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Universidad Rovira i Virgili; y Sabina Puig, Representante del Instituto Catalán Internacional por la Paz (ICIP), Juan López-Dóriga Pérez, Embajador de España en México, comentó que 20 años después de la Declaración sobre Defensores de Derechos Humanos de Naciones Unidas, lamentablemente las amenazas a las que estos se enfrentan no han disminuido, ya que el Informe del Relator Especial de ese organismo revela que 3500 personas defensoras han sido asesinadas, siendo ello la prueba más evidente de que queda un largo camino por recorrer en esta materia.
