El derecho al agua debe ser reconocido como un bien social y cultural fundamental, no solo para el desarrollo económico; “es un derecho que impacta otros derechos como a la salud, vivienda, educación, alimentación, derecho para la vida y el medio ambiente”, señaló la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos capitalina, Nashieli Ramírez Hernández.
La titular de la CDHDF participó este viernes en el foro Día Mundial del Agua, realizado en el Congreso de la Ciudad de México, en el que legisladores, autoridades y especialistas en el estudio del agua coincidieron en la importancia de que la sociedad tome conciencia sobre el cuidado del agua y haga uso de sistemas alternativos de captación.
Ramírez Hernández recordó que, al estar establecido acceso al agua potable en la Carta Magna local, se obliga a las autoridades a respetar, garantizar y proteger la disponibilidad y abasto hídrico, mediante un máximo destino de recursos y gastar el presupuesto de manera eficiente.
Detalló que en la Ciudad de México 42 por ciento de agua se desperdicia en fugas y sólo 64 por ciento de los habitantes de la capital cuentan con suficiente agua potable.
También informó que de 2018 a 2019, la CDHDF recibió 408 quejas por disponibilidad, calidad y asequibilidad del agua, de las cuales, 217 fueron presentadas por mujeres, “por ello es importante dar un enfoque con perspectiva de género a las políticas públicas y leyes que se implementen, ya que es el sector de la población más afectado”.
Asimismo, explicó que 47 por ciento de personas agraviadas por transgresión a este derecho, tenían 60 años de edad o más; “reitero, estos datos son elementos fundamentales para la legislación y las políticas públicas que se generen, ya que no sólo por falta de recursos, el derecho se ve restringido, además de ello, si eres mujer y tienes 60 años de edad o más, eres vulnerable de manera múltiple”.
Algunas de las quejas que se reciben en la Comisión, agregó, tienen que ver con cobros excesivos en colonias populares, despojo de agua a pueblos originarios, daños al patrimonio por hundimientos y grietas por la sobre-explotación,
Ramírez Hernández reiteró la necesidad de que el derecho al agua sea tratado como un bien social y cultural, y no como un bien económico; incluso planificar acciones para mitigar la escasez en un futuro inmediato.
CDMX, al borde del colapso hídrico
En tanto, Rodrigo Gutiérrez y Rivas, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sostuvo que la Ciudad de México es la entidad del país con la situación más crítica, respecto del servicio de agua potable, por lo que es fundamental tomar medidas urgentes al respecto.
Advirtió: “La Ciudad de México forma parte de las 12 ciudades estudiadas a nivel global, que se van a quedar sin agua. Hoy estamos al borde del colapso hídrico”.
Y reveló: “La disponibilidad media a nivel nacional es aproximadamente de 4 mil metros cúbicos por habitante al año, en la capital tenemos 140 metros cúbicos por habitante al año, esto es alarmante”
Agregó que la insuficiencia de agua no es generada principalmente por la naturaleza, “el agua no resulta escasa por sí sola, ésta se agrava cuando ciertos usuarios se apropian de ella, en perjuicio de otros”.
El incremento en los costos de las cuotas por el servicio de agua, “no es porque aumente la cantidad de habitantes –dijo-, tiene que ver con decisiones políticas y con la industria privada que se ha apoderado del manejo y explotación de este servicio. Es importante señalar que la industria privada pretende apoderarse de la elaboración del la Ley de Aguas Nacionales y eso es alarmante, por ello es momento de organizarnos y construir los puentes necesarios entre sociedad y gobierno para crear una Ley de Aguas Nacionales”, resaltó el especialista.
En tanto, Carlos Gelista González, diputado constituyente de la Ciudad de México, aseguró que si bien, el derecho al agua está establecido en los artículos 9 y 16 de
la Carta Magna local, ahora el reto es analizar “cuál es la ciudad que queremos en materia de servicio de agua, cuántos recursos tenemos para hacer todo lo que se requiere”.
Destacó la importancia de que los ciudadanos tengan conocimiento de que pueden acudir ante los jueces de tutela a exigir que el gobierno cumpla con el respeto al derecho al agua.
“Yo sé que suena idealista que esto pueda ocurrir, pero esta figura puede lograr que la autoridad se vea obligada realizar las acciones para garantizar nuestro derecho. Por eso lo que tiene que hacer el Congreso es proveer a las autoridades de las herramientas para que pueda llevar a cabo su tarea y poder hacer una realidad lo que está en la Constitución y las leyes”, comentó Gelista.
En su oportunidad, Bertin Lagunas, coordinador general del Programa SCALL- SEDEMA, destacó la importancia de generar sistemas alternativos para combatir la escasez y crisis en el servicio de agua potable.
Por lo anterior, informó que desde el Gobierno de la Ciudad se implementa un programa de captación de agua pluvial, cuyo objetivo es mejorar las condiciones de acceso al agua de la población en viviendas con elevada precariedad hídrica, a corto plazo y aumentar la acciones para atacar la posible crisis de desabasto.
El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Christian Damián Von Roerich de la Isla, aseguró que si bien el derecho a disponer de agua, es una garantía humana consagrada en la Constitución y diversas leyes, dista mucho de la realidad que se vive y de la crisis que se enfrenta en la Ciudad de México.
Por lo anterior, el congresista destacó la importancia de modernizar la red hidráulica y mejorar el servicio hídrico de la capital; para ello, dijo “se requiere la voluntad de todos los actores: organizaciones de la sociedad civil, autoridades y el público en general”.
“Desde el Congreso local trabajaremos en generar un nuevo marco jurídico para dotar de las herramientas necesarias para que la institución que se encargue del servicio de agua en la Ciudad de México, tenga autonomía de gestión y financiera y con ello se garantice el derecho humano al gua que tenemos todos los capitalinos”.
