*Tlahuelilpan, Huachicol y la Crisis de Gasolina
*Incubado el Riesgo Para la Deuda Soberana
*El Polémico Trance de las Estancias Infantiles
*Cinco Expresidentes Colocados en la Picota
*Los Conflictos de Interés en el Actual Gabinete
*El Caso de la Guardia Nacional va Adelante
*Del Cierre Definitivo de Empresas en el Norte
*Migraciones y Dudosas Consultas Populares
Por Jesús Michel Narváez
Contradicciones e incumplimiento de su palabra han marcado los casi primeros 100 días del gobierno de la Cuarta Transformación, mismos que se cumplen el próximo sábado.
Mientras presume Andrés Manuel López Obrador que se ahorraron 4 mil millones en la batalla contra el huachicol, omite la pérdida de 30 mil millones por el desabasto de combustibles debido al cierre de petroductos, que generó caos en cuando menos 11 estados y en la Ciudad de México. Como plataforma de su campaña electoral y ya como Presidente Constitucional, se comprometió a que los precios de las gasolinas bajarían de inmediato. No ha ocurrido y por el contrario aumentaron en el pasado febrero.
En las batallas sostenidas con los huachicoleros generó información de que más de 600 ladrones de gasolinas y diésel fueron aprehendidos. Solamente 60 fueron sometidos a proceso. Y han muerto 135 de los 139 lesionados por el incendio del ducto de Tlahuelilpan. El más reciente, uno de los 4 menores que fueron trasladados a Galveston para ser atendidos.
Habla del ahorro que significará edificar el nuevo aeropuerto internacional en Santa Lucía, cuyo costo no superará los 70 mil millones, pero desconoce las pérdidas que ocasionó la cancelación del NAIM y que los analistas y expertos financieros estiman en 200 mil millones.
Defiende la inyección a Petróleos Mexicanos por 5 mil millones de dólares –unos 100 mil millones de pesos- y coloca bajo los folders la baja en la calificación de la empresa, que publicó Fitch Ratings y desconoce la opinión de dos grupos bancarios y dos calificadoras más de que el apoyo es insuficiente y que la deuda soberana del país puede ser arrastrada por la debilidad de la petrolera.
Arrincona a quienes operan (operaban) las estancias infantiles y les espeta que los recursos serán entregados a los padres para que los utilicen como mejor quieran. Afirma tener las pruebas de que dos, de cada tres estancias, actuaron irresponsablemente –asuntos de seguridad para los niños y desviaciones económicas- y que mostraría las pruebas. Aún no lo hace. Y 320 mil niños no tienen en dónde quedarse mientras sus padres trabajan. La “sugerencia” del secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, para que los abuelos cuiden a los nietos desató tremenda ola de críticas.
Las organizaciones de la sociedad civil que recibían recursos de la otrora Secretaría de Desarrollo Social (ahora de Bienestar) quedaron al margen de los apoyos y en retiradas ocasiones les ha dicho el Presidente que “ni un centavo más”. Acusa de malos manejos y desvíos, pero tampoco hay pruebas y la Auditoría Superior de la Federación no respalda con sus acciones los señalamientos presidenciales.
Las organizaciones estaban contempladas en el Presupuesto de la Federación para ejercerse en 2019, pero la decisión presidencial es no otorgar respaldo alguno.
Aunque el Presidente confirmó que la pensión para adultos mayores sería duplicada, son millones los que no han recibido el depósito correspondiente a enero-febrero. La titular de la Secretaría de Bienestar, María Luis Albores, ha informado que se están depurando los padrones porque en muchos casos hay duplicidad.
La banca de desarrollo ha detenido prácticamente todas las operaciones de créditos, factoraje y apoyos para la industrias, empresas y pymes. El Presidente anunció que se revisa la forma de otorgar créditos desde Nacional Financiera (Nafinsa), Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras), del Banco de Comercio Exterior (Bancomext) y del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito (Bansefi), próximamente el Banco del Bienestar.
LOS EXPRESIDENTES, EN LA MIRA POLÍTICA
En estos casi 100 días de gobierno, Andrés Manuel López Obrador ha puesto a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto en la picota pública.
Los acusa de usar el poder para servirse, vender empresas para después ser parte de ellas, traicionar a la democracia, utilizar sus influencias (tráfico) para otorgar concesiones y de cometer actos de corrupción que lastimaron al pueblo.
Durante sus conferencias mañaneras ha expresado tener pruebas en contra de Salinas de Gortari, pero hasta ahora solo han sido palabras.
En repetidas ocasiones ha manifestado que su visión no es mirar hacia atrás sino adelante, por lo que virtualmente perdona a sus antecesores, pero deja en claro que el 21 de marzo se “consultará al pueblo” para que decida si se inician carpetas de investigación en contra de los expresidentes.
Sostiene que no quiere llevar a juicio a Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña sino al “neoliberalismo” que, desde su óptica, ha causado todos los males que padece el país.
No solamente quienes ocuparon la Silla del Águila han estado en el ojo del huracán. También las secretarias de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, Irma Eréndira Sandoval rivalizaron por el ocultamiento de una propiedad de la primera en Houston; Javier Jiménez Espriú corrió la misma suerte, aunque los tres permanecieron en sus cargos. En el Conacyt se suscitó el escándalo por la contratación de una modista y un estudiante de comunicación, que no reunieron los requisitos para ser funcionarios federales.
El más reciente descubrimiento del posible conflicto de intereses lo protagonizó hace una semana la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, porque su padre, Arturo Alcalde Justiniani es abogado laborista y representa los intereses de los trabajadores afiliados a los sindicato que hicieron estallar sus huelgas en la Universidad Autónoma Metropolitana y la de Chapingo. Aún está pendiente de resolverse este nuevo escándalo del gabinete presidencial.
EL AVIÓN QUE SE FUE A… ¡VOLAR!
Al iniciar su gobierno, Andrés Manuel López Obrador decidió que el avión presidencial el TP-1, saliera del país, viajara a Estados Unidos y se pusiera a la venta.
A casi 100 días nadie ha ofertado por la aeronave y el costo de estar parado rebasa los 4 millones de dólares.
El pasado 3 de diciembre, el avión presidencial realizó su último viaje hacia el Aeropuerto de Logística de San Bernardino, California. Después ya no será el “Avión Presidencial José María Morelos y Pavón”. Dejará de ondear la bandera tricolor con el águila al centro devorando la serpiente.
TAMBIÉN ESTÁ EL TEMA INTERNACIONAL
No solamente son asuntos nacionales los que ha abordado el Presidente de México durante los casi 100 días de su mandato.
También dos de corte internacional.
El que más ruido ha hecho es la relación con Venezuela. Por órdenes presidenciales se puso en práctica la Doctrina Estrada y se decidió la “no intervención” de ninguna especie en el conflicto que tiene a Caracas al borde de la guerra civil.
México fue el único país que no firmó la declaración del Grupo de Lima. Y ahora en el logotipo del Acuerdo ya no aparece la bandera de nuestro país.
Al finalizar el pasado mes, el periodista Jorge Ramos, mexicano y presentador y reportero de la cadena Univisión, acudió al Palacio de Miraflores, en Caracas, para entrevistar al presidente Nicolás Maduro y fue retenido contra su voluntad junto con su equipo de trabajo.
El gobierno mexicano tibiamente pidió explicaciones. Ramos fue liberado y nadie más se ocupó del tema.
Aunque decenas de países del hemisferio y de Europa decidieron reconocer a Juan Guaidó como presidente en funciones –por ser el líder de la Asamblea elegida constitucionalmente, aunque dejó de existir con la Constituyente-, el presidente y su canciller, Marcelo Ebrard, mantuvieron la distancia haciendo caso omiso de los llamados de las otras naciones.
Con Estados Unidos se ha mantenido una política de silencio en dos temas: el cruce de migrantes centroamericanos por el territorio nacional hacia la frontera norte y las amenazas de Donald Trump y la construcción de su muro con recursos utilizables por la declaratoria de Emergencia que formuló el residente de la Casa Blanca.
Otro silencio ha sido con respecto a lo que ocurre en Nicaragua, en donde de acuerdo con datos periodísticos –los oficiales no existen- han sido muertas poco más de 300 personas que protestan contra las medidas económicas y de pensiones del gobierno de Daniel Ortega.
LOS SALARIOS Y LAS HUELGAS
Por decreto presidencial, desde el primero de diciembre de 2018 los salarios mínimos aumentaron ciento por ciento en la frontera norte en una franja de 30 kilómetros.
Con la firma presidencial también se redujeron los impuestos: el IVA y el ISR, respectivamente, pasaron de 15 y 33 por ciento a 8 y 20 por ciento.
En febrero estallaron huelgas en Matamoros y 49 maquiladoras dejaron de operar por más de 20 días. La Coca-Cola cerró temporalmente.
La Secretaría del Trabajo no logró conciliar los intereses de los trabajadores y las empresas y cuando menos cinco de ellas ya anunciaron el cierre definitivo.
El argumento de los empresarios -representantes de entidades estadounidenses- es que el aumento salarial rebasa y con mucho las utilidades, con lo cual se hace incosteable su permanencia en México. Los sindicatos endurecieron su posición y además de exigir el 20 por ciento más a sus salarios –aunque no estén en el rango de mínimos- y un bono por 32 mil pesos.
LAS CONSULTAS POPULARES
En estos 96 días de gobierno, el presidente ordenó la realización de tres consultas: la primera para frenar las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) e iniciar las obras en Santa Lucía, en donde finalmente se ubicará el aeródromo; la segunda para obtener la aprobación de construir el Tren Maya y la tercera para continuar la obra de la termoeléctrica en Huexca, Morelos.
LOS TRIUNFOS PRESIDENCIALES
El presidente López Obrador ha conseguido que el Congreso de la Unión le apruebe reformas constitucionales de gran calado, como es la de crear la Guardia Nacional y la del artículo 19 que aumenta el número de delitos que ameritan prisión preventiva sin derecho a fianza.
Aún espera que el Congreso examine y apruebe la iniciativa que impedirá que quienes hayan laborado en el sector enérgico no puedan hacer lo propio en empresas del sector privado, nacionales o extranjeras, durante los siguientes 10 años después de dejar el cargo en el sector público.
Y apenas van 96 días de gobierno.
