En Colombia y México defender el medioambiente se ha vuelto casi una sentencia de muerte: los dos países registran el número más alto de asesinatos de defensores ambientales en el mundo, con 65 y 30 homicidios en 2020, respectivamente, según un estudio publicado este lunes por Global Witness.
La organización señala además 2020 como el año más mortífero desde que lleva el recuento, con 227 asesinatos de líderes ambientales en todo el planeta, lo que significa, en promedio, cuatro líderes muertos por semana, y superando el récord de 212 muertes violentas de 2019.
La pandemia, en lugar de reducir los crímenes, hizo de los defensores un blanco más fácil al estar encerrados en sus casas. La organización alerta además de un aumento en el tipo de amenazas, con más arrestos, campañas de desprestigio y criminalización bajo una retórica antiterrorista.
América Latina sigue siendo la región más peligrosa del mundo para los defensores del medioambiente: tres de cada cuatro ataques registrados en el 2020 sucedieron en la región y siete de los 10 países más afectados son latinoamericanos.
La alta incidencia sucede en parte porque los casos se pueden documentar con más facilidad, ya que “en otros continentes el acceso a la información es más limitado (…), no es que haya menos casos sino que muchos de ellos no llegan a fuentes públicas”, afirmó Laura Furones, activista de derechos humanos de Global Witness.
La fortaleza de la sociedad civil y de los movimientos indígenas que pervive con fuerza en América Latina, recalcó Furones, permite una “defensa fuerte de los recursos”, pero también conlleva “enfrentamientos y asesinatos por esta oposición pacífica”.
Después de Colombia y México, el tercer puesto mundial lo ocupa Filipinas (29), seguido en su mayoría por países latinoamericanos: Brasil con 20 asesinatos, Honduras (17), República Democrática del Congo (15), Guatemala (13), Nicaragua (12), Perú (6), India (4), Indonesia (3), Sudáfrica (2) y Tailandia (2).
En la cola de la clasificación están Uganda, Irak, Argentina, Costa Rica, Arabia Saudí, Sri Lanka, Nepal, Canadá y Kiribati, con un defensor asesinado por país.
Los altos niveles de violencia se suman a la impunidad para perseguir los crímenes. De hecho, esa sigue siendo la gran incógnita: ¿quién los asesina y por qué?
Los datos de la organización respaldan la tesis: el 30 por ciento de los asesinatos ocurrieron en zonas con proyectos de tala de árboles, represas hidroeléctricas, infraestructura, minería o agroindustria a gran escala. Aún así, en 112 casos no se pudo establecer un vínculo claro.
La tala y la deforestación fueron los sectores con más ataques, con 23 muertes entre Brasil, Nicaragua, Perú y Filipinas y con un aumento muy importante en México, con 9 casos.
Un tercio de todos los asesinatos fue de indígenas de Latinoamérica y Filipinas.
En Colombia, con un alza continuada de violencia desde 2017, un tercio de los asesinatos fueron de indígenas o afrodescendientes, y casi la mitad de pequeños campesinos. Un pico de violencia que en 2020 representó el 29 por ciento de todos los ataques mortales documentados en el informe de Global Witness.
Ese aumento se explica en parte “por la amenaza que representan para paramilitares y organizaciones criminales los programas de sustitución de cultivos de coca –que proveen incentivos para que los agricultores siembren otras especies– que se incluyeron en el acuerdo de paz con las FARC en 2016”, según el informe.
Global Witness registró 17 casos en que las víctimas fueron blanco de ataques por su apoyo o participación en programas de sustitución de cultivos ilegales.
Además de ser el segundo país con más asesinatos, México vivió un aumento del 67 por ciento de estos crímenes respecto a 2019, mientras que en Brasil la organización destaca cómo el COVID-19 amenazó en “extinguir” a las comunidades indígenas, con una escasa protección por parte del Gobierno.
También Nicaragua llamó la atención este año –un país de apenas seis millones de personas–, donde Global Witness registró 12 asesinatos en 2020 en comparación con cinco en 2019, lo que lo convierte en el país más peligroso per cápita.
La pandemia aumentó asesinatos
Con estas cifras, Furones resaltó que la pandemia contribuyó a una parálisis del sistema administrativo y legal para perseguir a los culpables de los crímenes, “y el acceso a la Justicia se ha visto muy mermado”.
A pesar de la impunidad y la violencia, la investigadora defendió que las luchas de los defensores son “cruciales” y debe ser “papel de todos protegerlos”, sobre todo cuando hay “por delante una década tan crucial con respecto a la crisis climática, donde el tiempo se acaba y el papel de las comunidades y de las poblaciones locales va a ser todavía más importante”.
