La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) denunció que la pandemia de COVID-19 agravó la tortura en México.
En su informe “México: Agudización de la tortura en tiempos de pandemia” la OMCT detalló en los primeros 18 meses del actual sexenio la Fiscalía General de la República (FGR) recibió 522 denuncias por tortura contra agentes federales.
Así, suman más de mil 259 casos abiertos, de los cuales apenas tres fueron enviados ante un juez, de los que solo uno concluyó en una sentencia condenatoria.
La Organización Mundial Contra la Trata realizó una misión virtual de seguimiento a las Observaciones Finales del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT).
Durante la misión virtual se contactó a sobrevivientes de tortura y a organizaciones de la sociedad civil.
El informe expuso frustraciones ante la falta de mecanismos adecuados para asistir y proporcionar reparación a las víctimas, así como para proteger a las personas en riesgo.
En el contexto de la pandemia, la Organización halló incremento de violaciones a derechos humanos cometidas contra personas y colectivos en situación de vulnerabilidad preexistente.
Uno de estos grupos son las personas privadas de la libertad. Al 11 de julio se registraron 3 mil 456 casos de COVID-19 en las cárceles mexicanas.
Se halló además una falta sistemática de atención de las necesidades básicas de personas migrantes y solicitantes de asilo.
La OMCT denunció que el uso de la fuerza es recurrente en las estaciones migratorias, en corredores y contra las caravanas migrantes.
También se observó un recrudecimiento de la represión y el actuar abusivo de fuerzas de seguridad en el cumplimiento de restricciones vinculadas a la pandemia, como el uso obligatorio de cubrebocas y la dispersión de manifestaciones y protestas.
Para frenar la problemática, enfatiza la OMCT, es primordial la publicación del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, paralizada ante su revisión en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Recomienda además que las Fiscalías Especializadas elabores planes integrales de persecución penal de la tortura que permitan avanzar en la colección de pruebas, investigación y judicialización de los casos pendientes.
