Por Jesús Michel Narváez
Horas después, apenas 14, de haber reclamado “invasión de facultades”, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero obtuvo la orden anhelada de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas Francisco Javier Cabeza de Vaca.
La primera información surgió en la cuenta de Twitter del senador Ricardo Monreal, quien inició el texto con la expresión de asombro: ¡Insólito…!
Hasta las 18:30 de ayer, la Fiscalía General no había comunicado posicionamiento alguno.
Sin embargo, las dudas surgieron.
¿Qué juez obsequió la orden?… ¿por qué solamente por dos delitos y no tres de los que está acusado el gobernador de Tamaulipas?… ¿Cuál fue el argumento de la FGR para obtenerla?…
Muchas dudas.
Y se siembra una semilla que traerá consecuencias de gravedad: el Ejecutivo federal y su fiscalía autónoma, doblegaron a la Corte. El rompimiento de la autonomía e independencia de los ministros, magistrados y jueces federales, pone en riesgo la administración de justicia.
No hay otra interpretación.
El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, al rechazar la controversia constitucional “por notoriamente improcedente”, toda vez que el Congreso de Tamaulipas se apegó al quinto párrafo del artículo 111 constitucional, ha sido puesto en duda por cuanto a su independencia e integridad como uno de los 11 integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Al no conocer los argumentos con los cuales un juez de control -insisto: nadie sabe su nombre- obsequió la orden de aprehensión cuando el gobernador mantiene el fuero, se colige que la “orden vino de arriba”. Y ese arriba no puede ser otro que el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en cuyas oficinas se entregó el recurso de reclamación presentado por la Fiscalía General de la República.
Sorprende que en solamente en horas la presidencia de la Corte haya decidido a favor de la petición del órgano de procuración de justicia.
Es de suponerse que un juez federal no actúa de motu proprio, es decir, voluntariamente o por propia iniciativa, Alguien le hizo la sugerencia.
Conforme a redes sociales y por entrevistas que concedieron senadores, diputados, abogados, la orden de aprehensión sorprendió a propios y extraños y, sobre todo, porque si bien la Cámara de Diputados solicitó al Congreso de Tamaulipas tomar como vinculatoria la decisión del Poder Legislativo federal, aquel actuó conforme a derecho.
La opinión generalizada es que hay “confusión” y habrá que “esperar a que se aclaren los puntos escritos con letra choquita”.
Por lo pronto, la percepción generalizada es que la Corte sucumbió al embate del Poder Ejecutivo federal y “subsanó” la “laguna jurídica” -como lo dijo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero- que existe en el artículo 111 constitucional.
Si así fuere, el último bastión para frenar la destrucción de las instituciones y el Estado de Derecho, ha sucumbido.
El federalismo tiembla.
Y el camino rumbo a la tiranía, se aplana con concreto hidráulico sin control de calidad.
Salvo que el ministro presidente y los demás miembros de la Suprema Corte de Justicia, digan lo contrario y hagan valer la resolución del ministro ponente.
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