La ONG Human Rights Watch (HRW) advirtió este miércoles que el proyecto de ley para regular el funcionamiento de las redes sociales en México pone en peligro la libertad de expresión en el país dado que constituye una «violación de las normas a nivel internacional».
El proyecto, impulsado por el líder de la mayoría en el Senado mexicano, Ricardo Monreal, «exigiría a las empresas censurar categorías amplísimas de contenidos en línea, lo que contraviene la normativa internacional actualmente vigente», lamentó la organización.
En un comunicado, HRW instó al senador Monreal -que se encuentra al frente del gubernamental partido Morena- a «desistir de su propuesta» después de que el propio presidente, Andrés Manuel López Obrador, se mostrara contrario a la medida.
«Este proyecto impondría las restricciones más severas a la libertad de expresión que México ha visto en décadas y allanaría el camino para que se prohíba la operación de las redes sociales y para que el gobierno pueda censurar contenido con el cual esté en desacuerdo», manifestó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.
Matizó que «aunque el senador Monreal sostenga que su intención es proteger la libertad de expresión», el proyecto «haría justamente lo contrario» una vez llevado a la práctica.
El proyecto convertiría al regulador de telecomunicaciones y radiodifusión del país, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en árbitro en cuestiones de moderación de contenido, habilitándolo a anular las decisiones de operadores de redes sociales sobre cómo y cuándo eliminar las publicaciones de un usuario o suspender o cancelar su cuenta.
Asimismo, le permitiría al IFT sancionar a operadores de redes sociales con multas de hasta 4.4 millones de dólares si incumplen sus normas o si el IFT está en desacuerdo con sus decisiones sobre la gestión de los contenidos. Esto podría agudizar aún más la concentración de los medios al obligar a empresas más pequeñas a dejar de operar en México para evitar cuantiosas multas, alertó la organización.
El documento indica, además, que conforme al proyecto, toda red social con al menos un millón de usuarios deberá obtener permiso del IFT para operar en México. El IFT podría establecer normas sobre cómo deben operar dichas redes y estaría, por ende, «facultado para revisar y modificar los términos de servicio de las redes».
En la práctica, esto le permitiría al IFT prohibir la operación de cualquier red social en México o impedir que usuarios en México se unan a una red no autorizada, lo cual impone limitaciones significativas a la libertad de expresión. Esto podría alentar a los operadores de redes sociales a bloquear usuarios en México para evitar ser sometidos al proceso de revisión del IFT.
«Proteger la libertad de expresión en Internet, asegurar que las entidades privadas no interfieran con esa libertad y permitir que los usuarios apelen restricciones a su expresión son objetivos legítimos», insistió HRW, que recordó que «conforme a las normas internacionales de Derechos Humanos, México tiene la responsabilidad de promover un entorno de comunicaciones libre, independiente y diverso y la obligación de cerciorarse de que cualquier restricción a la libertad de expresión resulte necesaria y proporcionada para alcanzar un fin legítimo».
«La propuesta del senador Monreal no es más que pura y simple censura, y contradice las normas jurídicas internacionales al habilitar al gobierno mexicano a restringir el acceso a algunos sitios web y a decidir qué contenidos pueden o no pueden difundir los usuarios de redes sociales», destacó Vivanco, que hizo hincapié en que «establecer estas severas regulaciones terminaría por asfixiar la libertad de expresión, en vez de protegerla».
