Pronunciarnos por el luto y la pérdida de más de 100 mil mexicanos nos es especialmente doloroso. No es fácil dirigirnos a la ciudadanía con este tema sin que se inmiscuyan voces ajenas en busca de deslegitimar un sentimiento genuino y la mejor de las intenciones. Por ello y por el respeto que se merecen esas 100 mil familias, seremos concisos en nuestro planteamiento.
Con la inminente fase de aprobación de diversas vacunas contra el COVID-19, se arrojan luces de esperanza y optimismo; sin embargo, se suma también una nueva preocupación por los convenios donde se comprometen 50 millones de dosis, pues no hay detalles ni claridad al respecto.
Los gobernadores de la Alianza Federalista hacemos un llamado al gobierno federal para exigir que el tratamiento sobre la compra de vacunas contra COVID-19 sea transparente y público, pues el actual costo humano, social y económico reclama una urgente revisión de las circunstancias.
Es indispensable que el gobierno federal haga públicos los compromisos que asumió con la compra de vacunas y lo referente a su almacenamiento, distribución y aplicación, así como de los recursos empleados y proyectados a futuro. Que no gane de nuevo la discrecionalidad y la toma de decisiones unilaterales y arbitrarias.
Necesitamos que la ciudadanía conozca a fondo los contratos establecidos; el costo unitario de las vacunas y cantidad total de las dosis; características de los insumos; cuáles son las farmacéuticas y laboratorios involucrados en los procesos; fecha estimada de entrega a partir de sus respectivas autorizaciones internacionales y fecha inmediata en que la Cofepris reciba los documentos para su análisis y autorización.
También es necesario que sea de carácter público el plan de vacunación; los mecanismos de prelación para beneficiarios y el alcance real de la estrategia en términos de inmunidad.
A su vez, urgimos la instauración de una Comisión Independiente que vigile cada proceso y, en caso de ser necesario, se encargue de despejar dudas y controversias.
El gobierno federal y los gobiernos de las entidades federativas deberán de coordinar sus esfuerzos para que la aplicación de las vacunas atienda a las necesidades reales y totales de la población.
Todos estos puntos y exigencias no están concebidos con un afán político, sino con una preocupación genuina por el porvenir de los mexicanos. No hay mezquindad posible ante una problemática que acecha a cada hogar de México. Es tiempo de integrarnos y de trabajar pensando en las circunstancias específicas de las regiones. No es posible atender de manera unilateral, sin planeación, en opacidad y en incertidumbre este tema.
