*Acierto de los Senadores Frenan al SAT
*Discrepancia de Criterios con Diputados
*El Big-Brother Fiscalizador, una Amenaza
Por Joel Armendáriz
Sumamente valiosa la decisión de los senadores de la República que frenaron la amenaza del Sistema de Administración Tributaria de “introducirse a los domicilios fiscales” para fotografiar y valorar los bienes de los contribuyentes. Los diputados comandados por Mario Delgado –el pasado miércoles solicitó licencia para asumir a plenitud el cargo de dirigente nacional de Morena- avalaron la propuesta del SAT e hicieron temblar a millones de empresarios o causantes menores con actividades empresariales, porque de un plumazo borraron el texto constitucional del artículo 16 que a la letra dice en su primer párrafo: Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.
Probablemente en el SAT, en donde doña Raquel Buenrostro ejerce la tortura fiscal a los deudores de impuestos, interpretó el mandamiento constitucional a partir de “… sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”. Quizá la razón le asista.
Sin embargo, en donde se pasaron de tueste los diputados –y qué bueno que los senadores les corrigieron la plana al omitir el séptimo párrafo del 16-: “Las comunicaciones privadas son inviolables. La Ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas. Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada”.
Porque se pretendía que los visitadores del SAT ingresaran a los domicilios sin una orden judicial –es decir, emitida por un juez no por un ministerio público que carece de la facultad-, fotografiaran lo que encontraran “interesante” y con un poco de “maña” hasta colocar micrófonos para saber qué se habla en el domicilio fiscal.
EVASORES Y ELUSORES
Es bien conocido que en México los empresarios o los causantes que laboran por su cuenta y que retienen IVA aunque no cubran el ISR por tener contratado a personal mediante recibos de honorarios, tienden a hurgar en las lagunas de las leyes y concretadas en el Código Penal Federal con una sola intención: no pagar o pagar lo menos posible mediante argucias que les permiten deducir impuestos.
En esta administración se ha comprobado que los grandes evasores no son los pequeños empresarios sino los grandotes. Sí, las poderosas cadenas de distribución o los fabricantes de bebidas embotelladas.
A ellos les ha caído la autoridad con todo el peso de la ley y gracias a las medidas coercitivas que parten del “pagas o a la cárcel”, la autoridad fiscal logró rescatar cerca de 80 mil millones de pesos que grandes empresas “olvidaron” cubrir desde hace un lustro.
Acostumbrados a obtener “exenciones” y “condonaciones” desafiaban a la autoridad fiscal y evadían los impuestos correspondientes.
Sin embargo, la mayor fuga de contribuciones se gesta en la economía informal, que no paga un céntimo y su única obligación es la cuota de los líderes de ambulantes fijos y semifijos o las “mordidas” a los inspectores de vía pública y que laboran en las Alcaldías de la Ciudad de México o en las más de 2 mil 440 presidencias municipales existentes en el país.
Los emprendedores –aquellos que decidieron crear su empresa, su despacho, su industria- son de lo más cumplidos en la materia. Con honrosas excepciones, cubren los impuestos en tiempo y forma.
El SAT pretendía “agarrar parejo” y por ello buscaba que sus visitadores ingresaran a los domicilios de los causantes –mayores y menores- para determinar qué tienen en sus domicilios, que autos poseen, en qué casa viven, cómo visten y en qué restaurantes comen.
Las oposiciones se declararon en contra de las medidas y acusaron al gobierno federal de querer imponer el “terrorismo fiscal”, que derivaría en persecuciones sin fundamento legal y violarían los preceptos constitucionales.
Las voces reclamantes fueron escuchadas en el Senado y sus integrantes decidieron no avalar la propuesta por lo cual regresaron el Presupuesto de la Federación a los diputados para corregirlo.
Hay que recordar que la aprobación del Presupuesto de Egresos corresponde exclusivamente a la Cámara de Diputados y que el de Ingresos es bicameral. Y en base a esa facultad, el Senado discrepó de los criterios de los diputados y, de alguna manera, protegió la intimidad de los causantes.
Una buena por decenas de malas.
