En la actualidad la tecnología se ha vuelto un importante aliado de la seguridad ciudadana, por ello en el Poder Legislativo local se analiza la posibilidad de reformar la Ley que Regula el Uso de la Tecnología para la Seguridad Pública.
La finalidad es que los elementos de las corporaciones de seguridad ciudadana porten de manera incorporada, adaptada o vinculada a la placa, uniforme o elementos de identificación, equipos de videograbación y audio, que permitan documentar su actuación, así como para prevenir e inhibir conductas.
La diputada América Rangel Lorenzana, del PAN, es la impulsora de los posibles cambios que se plantean realizar a la Ley.
En su iniciativa, la diputada propone que estos equipos tecnológicos incorporados deberán mantenerse encendidos durante el actuar de los elementos policiacos y estarán en custodia del personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana durante los periodos de descanso de los policías.
Señala en su propuesta que la información que hubiese sido generada como consecuencia de la utilización de los equipos tecnológicos incorporados, deberá ser preservada.
De acuerdo con la legisladora poner la tecnología al servicio de la seguridad contribuye a dar certeza a la relación entre gobernantes y gobernados, a través de la implementación de cámaras de videovigilancia en los uniformes y placas de la policía para prevenir, inhibir o captar la comisión de una infracción o delito, y la posibilidad de utilizar el material como prueba dentro de un juicio.
Las cámaras podrían captar el momento en que se comete una infracción, registrar información valiosa, intercambiar y controlar datos o para recibir denuncias o peticiones de auxilio ante emergencias diversas.
“Para la óptima utilización de la tecnología en tareas de seguridad, es relevante conocer el territorio de la zonas donde se cometen la mayor cantidad de delitos, ubicar con precisión las colonias con mayor incidencia delictiva y los tipos delictivos de mayor recurrencia; colonias más peligrosas; poner a disposición de las comunidades un Atlas Delictivo y un catálogo de las intersecciones y zonas más conflictivas en materia de vialidad”, indica la congresista.
Todo esto, agrega, con el objetivo de que los habitantes identifiquen si sus domicilios, actividades laborales, escuelas, centros culturales y recreativos se ubican en esas zonas y tomar las medidas necesarias para el autocuidado.
“En la presente iniciativa se propone que la regulación del uso de esta tecnología abarque medidas que incidan en la actuación de autoridades encargadas de vigilancia, en las tareas de justicia cívica o administrativa seguida en forma de juicio, en las de procuración e impartición de justicia, en la justicia para adolescentes y en el ámbito de la reinserción social, acorde a los contenidos procesales que ya se establecen”, resalta.
La iniciativa que fue turnada a la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso capitalino, para su análisis y discusión, propone que las secretarías de Administración y Finanzas y de Seguridad Ciudadana realicen las adecuaciones presupuestales, a fin de que se consideren en el Presupuesto de Egresos del año 2021 recursos económicos suficientes para la adquisición y puesta en operación de los equipos tecnológicos incorporados, de manera gradual y bajo el principio de progresividad presupuestal.
