Por Iván Ruiz Flores
Y tras la amenaza, se cumplió la palabra presidencial de abolir los fideicomisos en México. Fue a raja tabla, sin medir consecuencias, por ejemplo, en el campo y tampoco analizar a fondo la forma de salvaguardar a algunos.
De tal manera que, después de casi un siglo de instituirse los primeros fideicomisos públicos en México, el extraño y absurdo gobierno de Andrés Manuel López Obrador (a dos años de gobierno) los desaparece. No trata de resolver los problemas de corrupción que pudieran existir, sino simplemente los manda al diablo, pero… se queda con el dinero.
¿Y, para dar paso a qué? A nada, quizás a destinar los recursos a su serie de proyectos sin pies ni cabeza o para sacar adelante, mediante las dádivas, las elecciones de 2021 en beneficio de Morena.
De acuerdo a diversos estudios, la Ley de 1926 (de Bancos de Fideicomiso), introdujo en México, rompiendo la tradición, la institución jurídica del fideicomiso, (durante el mandato presidencial de Plutarco Elías Calles).
Posteriormente, en 1997 ( en el sexenio de Ernesto Zedillo) se estableció en la Ley de Ingresos la obligación de registrar ante la Secretaría de Hacienda todos los fideicomisos, mandatos y contratos análogos en los que el gobierno federal intervenga. Así mismo de forma sintetizada se muestra la situación que guardan los Fideicomisos Públicos y en aquellos que participa el gobierno con recursos.
Asegura Fundar, institución que publicó hace poco una investigación denominada “Fideicomisos en México. El arte de desaparecer dinero público” (realizada por Sarahí Salvatierra como Investigadora principal, con las colaboraciones de Paulina Castaño, Oscar Arredondo, Justine Dupuy y Javier Garduño) en la introducción del trabajo:
“¿En qué medida los fideicomisos están cumpliendo los fines para los cuales fueron creados? ¿Cuáles son las fuentes que incrementan año con año su patrimonio y en qué porcentaje? ¿Por qué se opta por una institución financiera o bancaria como fiduciaria en vez de otra? ¿Cuál será el destino de los saldos disponibles de cada uno de los fideicomisos en los próximos años? ¿Cuándo se decide extinguir un fideicomiso, es porque ya se cumplieron sus objetivos, o por qué motivo?
“Hoy en día no tenemos respuestas oportunas y accesibles a estas preguntas básicas por parte de quienes ha recibido el mandato de administrar nuestro dinero bajo los principios de legalidad, eficiencia, economía, transparencia y honradez. O, en otras palabras, los fideicomisos fueron concebidos para auxiliar a los gobiernos a impulsar áreas de desarrollo prioritarias y estratégicas, como son la infraestructura pública, las pensiones de los trabajadores del Estado, la prevención o atención de los desastres naturales o la estabilización financiera. Sin embargo, la información con la que contamos hoy día nos deja más preguntas que respuestas acerca de los resultados obtenidos por fideicomisos tan importantes como el que se creó para la protección de defensores de derechos humanos y periodistas en 2012 o el que tiene como propósito hacer frente a las medidas de atención y reparación de los daños debidos al derrame de sustancias tóxicas en el Río Sonora por mineras del Grupo México en 2014.
“Los escándalos de corrupción están a la orden del día y la sociedad mexicana está harta, cansada e indignada. En los últimos años, la desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones públicas ha ido en franco aumento. Basta con abrir el periódico o ver las redes sociales para darse cuenta de cómo miles de millones de pesos dejan de invertirse en las necesidades más apremiantes de la población y pasan a las manos de redes de corrupción en las que intervienen funcionarios y empresarios corruptos.
Es imposible negar la existencia de muchos fideicomisos como plan con maña, pero también es un absurdo pensar que todos están inmersos en el lodazal de la corrupción.
Los investigadores, además de advertir de la opacidad en la información y la necesidad de que sea accesible señalan en el texto:
“La evidencia presentada muestra que persiste la opacidad respecto al uso de los fideicomisos y que no es suficiente la información proporcionada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los informes trimestrales y en la Cuenta Pública. En estas fuentes sólo se publican montos generales que no permiten identificar los conceptos en los que se erogan los recursos públicos comprometidos en los fideicomisos, ni cuáles son sus fuentes de financiamiento. Actualmente no existe información de cómo se toman las decisiones sobre su patrimonio, ni la razonabilidad de las mismas, entre otras formas de opacidad. Por último, no se cuenta con un documento que explique, en un lenguaje comprensible, los objetivos que persiguen los fideicomisos públicos y si éstos se logran con el tiempo”.
Sin embargo, nunca se habla en el texto de desaparecer tales instituciones.
Hoy, debido a la acción abyecta de los legisladores pagarán justos por pecadores.
