El Grupo Parlamentario del PRI ha acompañado, con espíritu constructivo, para llegar al dictamen que hoy se presenta, anteponiendo en todo momento la concepción de la educación como un derecho humano, un bien público y una responsabilidad del Estado, siempre a favor de los maestros, afirmó la diputada federal, Cynthia Iliana López Castro.
Como producto de la negociación del dictamen que hoy se presenta, hemos logrado alcanzar acuerdos importantes en temas fundamentales para la educación.
Logramos, en consenso, recuperar y fortalecer la presencia de la educación inicial en el artículo tercero constitucional, que en la iniciativa del Ejecutivo no venía.
Logramos recuperar en sus términos vigentes, la redacción íntegra de la fracción séptima relativa a autonomía universitaria, como nos lo exigieron los rectores en todo el país, enmendando la sensible omisión por parte del Ejecutivo.
Logramos recuperar las referencias al aprendizaje como elemento central del derecho a la educación de calidad, logramos recuperar los mecanismos de ingreso- promoción al Servicio Profesional Docente, logramos recuperar la omisión a la evaluación docente, misma que la iniciativa original del Ejecutivo había erradicado en el artículo tercero.
Y logramos fortalecer las funciones de un órgano evaluador, y lo reiteramos, no puede ser el gobierno juez y parte de un órgano encargado de garantizar la evaluación.
Con estos logros podremos afirmar que el proyecto de dictamen que hoy estamos discutiendo es significativamente superior a la iniciativa original del Poder Ejecutivo y es, en buena medida, porque recupera el corazón de la reforma del Presidente Enrique Peña Nieto.
No puedo dejar de señalar, y es por eso que iremos a favor de este dictamen, por la similitud que hay. Qué riesgos vemos.
1.- El cambio de concursos de oposición por procesos de selección representa una pérdida importante de claridad sobre la naturaleza de los mecanismos para ingreso, promoción y reconocimiento.
2.- La naturaleza jurídica del órgano evaluador se acerca mucho a la definición de un órgano constitucional autónomo; sin embargo, no deja de preocupar la resistencia del partido mayoritario a las instituciones que representan un contrapeso para el abuso y la discrecionalidad.
También nos preocupa que no se aceptaran propuestas razonables para evitar la captura de este órgano, por ejemplo, la restricción para que sus integrantes hayan ocupado cargos de dirección de sindicatos en un plazo razonable, o que no se definan funciones del Consejo Honorífico.
Nuevamente queda latente el riesgo y la tentación de alterar en la legislación secundaria el espíritu del acuerdo alcanzado para esta reforma constitucional.
Mismo caso, con la inclusión del décimo sexto transitorio que es redundante, porque el artículo 123 B, nunca ha perdido vigencia y la insistencia en incluido solo puede verse como un intento burdo por minar la redacción acordada.
Con la buena voluntad que ha caracterizado nuestra participación en el proceso y dictaminación de esta reforma, estamos dispuestos a respaldar este dictamen.
Pero esperamos que el Gobierno y el partido mayoritario honren su palabra y mantengan aquellas políticas y mecanismos que se han traducido en mejoras significativas en el aprendizaje de los niños.
Confiamos que así sea y nos mantendremos vigilantes para exigirlo.
