*De la del 73 a la del 2020 la Nueva Embestida
*En el Horizonte no se Observa Alguna Recuperación
*A Contracorriente el CCE Llama al Pacto Nacional
*Tercer Presidente que Choca con el Sector Privado
Por Jesús Michel Narváez
¡Y la liga se rompió! ¡Y la puerta se cerró!
Las hostilidades entre gobierno y empresarios organizados están en marcha, como no se había visto desde 1973 y replicado en 1982.
Y cada vez que la liga se rompe el país pierde y tarda lustros en recuperarse.
La actual crisis entre el llamado poder económico y el político no tiene comparación con las del pasado, porque la de ahora no sólo es económica, sino conjuntada con la sanitaria y la “político-ideológica”.
El choque de trenes se vislumbraba desde antes del relevo presidencial y se consumó cuando el presidente de la República rechazó todos los planteamientos del Consejo Coordinador Empresarial, en las decisiones para crecer, crear empleos.
Por primera ocasión en 47 años luego del secuestro y asesinato del patriarca del Grupo Monterrey, Eugenio Garza Sada, gobierno y empresarios caminan en el empedrado, que no pavimento, de la incertidumbre.
También ésta se convierte en la primera vez en que un presidente del Consejo Coordinador Empresarial es acusado de debilidad y falta de representatividad en el diálogo con el gobierno federal. Carlos Salazar Lomelí se defiende y sostiene que se hizo todo lo posible por llegar a acuerdos que permitieran el rescate de la economía, salvaguarda de los empleos y reducción de la pobreza.
Por ello, confirma que después de diversas reuniones la puerta de Palacio Nacional fue cerrada por el presidente.
La Crisis económica, consecuencia de la epidemia de Covid-19 propició ya el despido de 360,000 empleados, según reconoció la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, la semana pasada. La ampliación del plazo para que las actividades no esenciales estén suspendidas por decisión de la Comisión de Salubridad Nacional y la exigencia de que las personas se aíslen en sus domicilios, preludia un mayor desempleo.
LA SANGRE DE UN EMPRESARIO
Casi cinco décadas han pasado desde que el 17 de septiembre de 1973 asesinaron al patriarca regiomontano Eugenio Garza Sada, en Monterrey.
Los hechos quedaron consignados en los diversos medios de comunicación. No hay mentiras, sólo realidades.
Cuando el empresario Garza Sada viajaba rumbo a su empresa, la Cervecería Cuauhtémoc, en una camioneta de color negro, fue interceptado por guerrilleros de la Liga Comunista 23 de Septiembre. Anselmo Herrera y Javier Rodríguez Torres, trataron de sacar al empresario del vehículo.
Sin embargo, el chofer Bernardo Chapa lo impidió al recibirlos a balazos. Los guerrilleros también dispararon por lo que en la balacera resultaron heridos tanto el empresario, el chofer y otro escolta.
Por lo tanto, ya no hubo la negociación que pretendían los secuestradores, de que les fueran entregados cinco millones de pesos.
Ricardo Margáin Zozaya, líder del sector empresarial responsabilizó al Presidente Luis Echeverría Álvarez de los hechos.
Dijo: “Sólo se puede actuar impunemente cuando el Estado deja de mantener el orden público, cuando se deja que tengan cauce libre las más negativas ideologías y se les permite que cosechen sus frutos negativos de odio, destrucción y muerte”.
El Presidente Echeverría asistió al sepelio y durante el acto fue repudiado, por lo que se vio obligado a retirarse del cementerio.
Los señalamientos pronunciados por los asistentes abrieron más la herida entre el gobierno federal y el sector privado y muchas empresas se declararon en quiebra, los capitales volaron y el gobierno se dedicó a la compra de industrias entre las cuales había lo mismo fabricantes de estufas que constructoras, mineras, lo que concluyó en la obesidad del Estado Mexicano.
LA DIVIDIDA INICIATIVA PRIVADA
El enfrentamiento entre la Presidencia de la República y la iniciativa privada llegó a su clímax el domingo 5 de abril, cuando Andrés Manuel López Obrador arrojó al cesto de la basura las propuestas del sector empresarial organizado.
El mensaje presidencial decepcionó a la mayoría de los dueños del dinero, incorporados al CCE, lo que causó una virulenta reacción encabezada por Carlos Salazar Lomelí, quien por la noche del domingo hizo público el documento presentado al Jefe del Ejecutivo Federal y en el que se desmiente las supuestas exigencias para condonación de impuestos, rescate de empresas y otros señalamientos formulados desde Palacio Nacional.
Como respuesta, el presidente invitó a comer el lunes 6 a un grupo de empresarios integrantes del Consejo Mexicano de Negocios y con quienes, según sus palabras en “La Mañanera” del martes 7 no le pidieron ayuda, sino que le ofrecieron apoyo. Fueron varios los que acudieron a la invitación, pero sólo mencionó a tres: Carlos Slim, Germán Larrea y Alberto Bailleres.
Mientras, los dirigentes de Concamin, Concanaco, Canacintra y Coparmex, acusaban al gobierno de no tomaren cuenta las propuestas que buscan mantener el empleo y proteger a las micro que generan el 87% de las plazas laborales en el país.
Llegó ora respuesta presidencial: invitó al Grupo de los 10 que reúnen a los más influyentes hombres de negocios en Nuevo León y un día después daba a conocer que el precio de la Maseca (“materia prima para hacer las tortillas”, dijo) no aumentará.
Del otro lado del camino, el CCE iniciaba su viacrucis en esta Semana Santa para abrir los espacios que le permita a los empresarios actuar con independencia y sin negociaciones con el Gobierno Federal.
“YA NOS SAQUERAON… Y NO NOS VOLVERÁN…”
En un gobierno que anunció la administración de la crisis y pidió aprender a administrar la riqueza, en su último informe de gobierno José López Portillo tomó la temeraria decisión de nacionalizar la banca.
Ya en el nuevo Palacio Legislativo de San Lázaro la ovación fue atronadora luego de que López Portillo expresara:
“Ya nos saquearon. No nos volverán a saquear”.
El último año de su mandato el mal manejo de la economía causó que el secretario de Hacienda, Jesús Silva Herzog, recurriera a la muletilla: “Dinero sí tenemos… lo que nos falta es liquidez”.
El reconocimiento del Jefe de las finanzas obligó al gobierno de México a empeñar la factura petrolera con valor de mil millones de dólares porque, “no hay nada más caro que lo que no se puede comprar”, argumentó López Portillo.
UN ACUERDO NACIONAL: CCE
En la actualidad, tras el rompimiento con el gobierno, el Consejo Coordinador Empresarial, llamó a un acuerdo nacional en el que participen sindicatos, con el fin de frenar el cierre de empresas y el creciente desempleo.
Carlos Salazar Lomelín en una videoconferencia que sostuvo con más de 4,000 empresarios de todo el país señaló que las voces que piden la remoción del Presidente López Obrador se organicen para llegar al ejercicio de la revocación de mandato programado para el primer trimestre de 2022.
“Si alguien cree que esa es la forma, por favor organícense, quisiera también que la parte política del país saliera a hacer su trabajo. El nuestro es apoyar a las Pymes, salvar los empleos. ¿Creen ustedes que se va a lograr algo por salir y decir que se vaya? Si es lo que queremos, pues unámonos, nomás que tenemos que tener a 30 millones de mexicanos detrás de nosotros”, especificó Salazar Lomelín.
Por cierto, un trabajo de Vestiga Consultores denominado Estudio Nacional de Factores de Impacto señala que como resultado de la contingencia por el Covid-19 y el paro de actividades desde marzo, hay un 93% de empresas con afectaciones económicas, como son entre otras: caída de ingresos, pago de sueldos a empleados sin trabajar, aumento de gastos o encarecimiento de insumos, y en 58% de los casos son impactos de carácter grave.
HIPOCRESIA EMPRESARIAL
Para el senador Mauricio Kuri González, ex presidente del CCE en Querétaro al ser entrevistado por Misión Política consideró que “hay una relación de hipocresía tanto por parte del sector privado como del Gobierno Federal, porque uno se comprometió a dar certidumbre y nunca lo hizo y el otro a invertir y tampoco lo hizo, y a mí me duele mucho, porque una de las cosas que se decía es que se iba a separar el poder económico del poder público, y que forma tan poco elegante que ha habido una cena donde se hayan agachado por una parte los empresarios y por otra parte pedirle dinero a los empresarios es una medida que puede tener conflicto de intereses”.
Precisó, además:
“En muchas partes de Estados Unidos eso se vería como corrupción, un empresario no te da dinero porque sí, un empresario te da dinero porque espera recibir algo, entonces en este sentido si vas a dar 20, 30 o 50 millones de pesos, creo que la clase empresarial se vio mal y creo que el presidente de la República también fué incongruente porque había dicho que se iba a separar el poder económico del poder político”.
El coordinador de los senadores del PAN puntualizó:
“Yo creo que el sector privado creía que podía platicar con el Gobierno, porque por una parte hay un sector privado que apoya, que emprende y hay otro sector privado que ha sido parte de grandes males de nuestro país, pero una cosa no la podemos negar, que los empleos los da el sector privado, por eso es trabajo del Gobierno dar la certidumbre necesaria para que pueda la gente invertir, pero desde mi punto de vista el sector privado ha estado muy por debajo de las expectativas que se tenían, creo que a partir de ahorita pueden ser más proactivos, menos reactivos, que se den cuenta de la realidad del país y que necesitamos contrapesos”.
Por su parte el politólogo, José Antonio Crespo, Profesor e Investigador del Cide señaló que hay una fuerte ruptura con el sector privado, que ya se observaba desde antes de que empezara el Gobierno de López Obrador.
Se vio con la cancelación de Texcoco. Otras señales que ha mandado van en sentido contrario a encontrar una relación respetuosa, armoniosa, donde se busque algún equilibrio entre los intereses legítimos, no hablo de los ilegítimos, del sector privado y los del Gobierno, expresó.
Al final de cuentas a éste le interesa que haya inversión privada, porque es la principal fuente de crecimiento económico y de empleo, pero hemos visto puras señales en sentido contrario de parte del Gobierno Federal, y el no tomar en cuenta las necesidades legítimas de las empresas de distinto tamaño para enfrentar esta crisis (las ilegitimas no), para que no quiebren, no cierren, no generen desempleo, no despidan a sus trabajadores, porque eso va a provocar una crisis más profunda de lo que tendría que ser, agregó.
Crespo advirtió: “La crisis es inevitable por la epidemia. Pero de no tomarse las medidas adecuadas puede ser más profunda y después muy difícil de superarla. Y eso es lo que están señalando todos los expertos y los propios empresarios que conocen muy bien la dinámica y la vinculación que hay entre empleo, inversión, recursos fiscales, y del Gobierno y que nos dicen: si nos dejan a la deriva no vamos a poder aguantar, muchos vamos a tener que cerrar, y muchos van a despedir a parte de su personal. A lo mejor no cierran, a lo mejor no quiebran las que están mejor posicionadas, pero tendrán que efectuar ajustes. Actualmente hay grandes empresas que ya están haciendo dichos ajustes”.
El politólogo, sostuvo que hay un alejamiento y se confirma que el presidente López Obrador en su discurso a favor de los pobres “no está mal, pero simplemente eso no justifica que no cuide la inversión privada, que no cuide las empresas, que son las generadoras de empleo y los recursos fiscales”.
Para concluir consideró:
“Entonces si hay una posición ideológica más que técnica de parte del presidente, y entonces si vemos esa ruptura y señales negativas para después de que pase la crisis para la inversión privada nacional y extranjera”.
