Los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigue las cuentas de Tomás Zerón, Jesús Murillo Karam, los Abarca y otros involucrados.
Por iniciativa de los familiares de los 43 jóvenes, el mandatario firmó en este encuentro –en el que por primera vez participaron el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, y el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero– un convenio para contribuir al esclarecimiento de los hechos ocurridos en 2014.
El abogado Vidulfo Rosales señaló que fueron informados sobre cinco nuevos hallazgos que ya fueron enviados a la Universidad de Innsbruck –el lunes pasado- y de cuyos resultados están a la espera.
Dijo que entregaron al presidente un documento con tres apartados. El primero, con acciones que tiene que desplegar el fiscal general para que se investigue a policías federales y municipales bajo la tipificación de desaparición forzada y tortura. Además, que se actúe penalmente contra los responsables de incluir “investigaciones irregulares” y haber ejecutado actos de tortura.
En segundo lugar, demandaron que se ejecuten nuevas acciones penales contra las personas que han sido liberados o que estén próximos a ello, además de que se actúe contra quienes están prófugos de la justicia.
Asimismo, pidieron al Consejo de la Judicatura la creación de un tribunal específicamente para el caso, a fin de no haya dispersión. “Que sea un mismo juzgado el “pueda conocer todos los conflictos de competencia y todas las carpetas de investigación que se están judicializando”.
Hoy en día, sostuvo, “tenemos muchísimas causas penales en varios juzgados que resuelven con criterios tan disímbolos que lo único que hacen es retrasar el acceso a la justicia a los padres de familia y retardan la resolución de los asuntos. Llevamos dos años en un conflicto de competencia que no se puede resolver”, comentó.
En tercer lugar, los padres plantearon al presidente que incluya la demanda de que la UIF investigue a varios actores involucrados en la desaparición de los jóvenes, y exigieron que de parte del Ejército fluya información pronta, entre otras.
Rosales señaló que el presidente aceptó el escrito y se acordó establecer en la próxima reunión –a celebrarse el 6 abril- un cronograma para obtener resultados entre marzo y septiembre.
