El relator de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Michel Forts aseguró que Colombia fue entre 2016 y 2019 el país con más asesinatos de defensores de derechos humanos de América Latina, con un total de 324.
La polémica se acentuó ayer por declaraciones de la ministra del Interior, Alicia Arango, quien antier planteó que en Colombia son asesinadas más personas por robos de celulares que por ser defensores de derechos humanos.
Las reacciones se dispararon en un país donde varias voces coinciden en señalar la escalada de violencia contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y ex guerrilleros en proceso de reincorporación a la vida civil.
El balance anual del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Colombia reveló un aumento de las víctimas de minas antipersonales, la continuidad de los desplazamientos forzados y agresiones contra misiones médicas por parte de grupos ilegales. El año pasado se documentaron 987 violaciones al derecho internacional humanitario como amenazas, homicidios, actos de violencia sexual y reclutamiento de menores de edad por parte de grupos ilegales en diferentes zonas de Colombia.
Hubo, además, 218 agresiones contra las misiones medicas en el país, especialmente lesiones y amenazas contra personal médico, desde las 101 de 2018.
El jefe de la delegación del CICR en el país, Christoph Harnisch, indicó ayer que por las minas antipersonales se registraron el año pasado 352 víctimas. “De ésas, 159 son civiles y los otros son militares”. En 2018 hubo 221 víctimas.
Agregó que en 2019 más de 25 mil personas se desplazaron masivamente y cerca de 27.000 permanecieron confinadas, la mayoría grupos indígenas. “Esta cruda realidad evidencia la profundización del conflicto armado y el deterioro de las condiciones humanitarias en diferentes partes del país”.
