Un juez de segunda instancia en Brasil ordenó este lunes liberar al expresidente Michel Temer, quien había sido detenido el jueves pasado como presunto cabecilla de «una organización criminal», informaron las autoridades.
La orden tiene efecto inmediato y vale también para el exministro de Minas y Energía, Moreira Franco, así como para otros sospechosos presos en la misma operación, confirmó el Tribunal Regional Federal TRF2 de Rio de Janeiro.
El magistrado Antonio Ivan Athié, que acogió un habeas corpus presentado por la defensa de Temer, explicó en su escrito que pese a los «indicios» existentes contra el exmandatario, referentes a supuestos sobornos recibidos en 2014, la prisión de Temer de forma preventiva (hasta la celebración de un proceso) no tiene justificación legal.
«Aunque se admita que existan indicios que pueden incriminar a los involucrados, no sirven para justificar la prisión preventiva, porque además de tratarse de [indicios] antiguos, no está demostrado que los acusados atentaron contra el orden público, [o] que estarían ocultando pruebas u obstaculizando» un eventual proceso criminal, afirmó Athié.
«No estoy contra la llamada [operación] Lava Jato, al contrario, también quiero ver a nuestro país libre de la corrupción que lo azota. Pero, sin respetar las garantías constitucionales, aseguradas para todos, (…) con violación de reglas, no hay legitimidad en el combate a esa plaga», añadió el magistrado.
Temer, de 78 años, fue arrestado en Sao Paulo el pasado jueves y trasladado a Rio de Janeiro por determinación del juez Marcelo Bretas, a cargo en este estado de la megaoperación Lava Jato contra la corrupción.
El caso está relacionado con supuestos sobornos recibidos en 2014 a cambio de contratos de obras en la usina nuclear Angra 3, en el sur del Estado de Rio.
El Ministerio Público Federal investiga «crímenes de corrupción, desvío de fondos y blanqueo de dinero», con «pagos ilícitos» efectuados por un empresario «para la organización criminal liderada por Michel Temer».
La prisión preventiva se justificaba, según el MPF, por la sospecha de que la presunta banda sigue «en plena actividad» y que en 40 años habría «obtenido la promesa, el pago o el desvío hacia la organización de 1.800 millones de reales» (unos 470 millones de dólares al cambio actual).
