En su balance sobre el rumbo de la seguridad, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que el país aún resiente las secuelas de la irresponsable política de guerra contra el narcotráfico que emprendió el entonces Jefe del Ejecutivo Felipe Calderón en 2007, lo que desató una crisis de muertes, desaparecidos y violación a derechos humanos.
En su informe de un año de gobierno, López Obrador subrayó que su visión imprime un cambio de paradigma que parte de promover la justicia social, reconociendo la necesidad de serenar al país como uno de sus principales retos.
Entre 2006 y 2018 pretendieron enfrentar la inseguridad y violencia mediante acciones de fuerza militar sin atender las causas del problema, con un resultado catastrófico y un saldo pavoroso de muertos, heridos y desaparecidos, una descomposición institucional y un gravísimos daño al tejido social, estimó el mandatario.
«Esta irresponsable decisión condujo a soldados y marinos a una guerra, con ajusticiamientos, masacres o exterminio», dijo López Obrador.
Censuró el elevado número de muertos que se registraron en la administración de Felipe Calderón.
Reivindicó la participación de las fuerza armadas en materia de seguridad bajo el nuevo esquema de respeto a los derechos humanos.
Asumió que hay un apoyo de soldados y marinos, pues «la lealtad de fuerzas armadas no está en tela de juicio; como pueblo armado, los soldados y marinos participaron al cien por ciento en la transformación de la patria».
También señaló que el Ejército y la Marina no se utilizará más para reprimir al pueblo, pero destacó que con el apoyo del éste y la coordinación institucional se podrá serenar al país.
López Obrador no obvió el operativo fallido para aprehender a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera: «En Culiacán, los adversarios podrán decir que mostramos debilidad, pero se evitó una masacre».
Dijo que las previsiones del mando militar auguraban más de 200 víctimas civiles, pero a pesar de las criticas, pero «nada vale más que la vida de las personas».
