El pleno de la Cámara de Diputados aprobó, por 374 votos, reformas a las Leyes Federales del Trabajo (LFT) y de los Trabajadores al Servicio del Estado (LFTSE), a fin de promover, impulsar y ampliar la protección de las trabajadoras que sufren violencia de género o familiar.
Las reformas establecen que serán obligaciones de patrones, titulares de las dependencias de los Poderes de la Unión y de los organismos descentralizados, permitir a las trabajadoras faltar a su empleo cuando se encuentren en situación de violencia.
El dictamen reforma los artículos 132 de la LFT y 43 de la LFTSE, así como la Ley Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, y fue remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Wendy Briceño Zuloaga, expresó que atender la violencia de género atañe a todos, particularmente a las y los legisladores, quienes deben generar el marco jurídico para que las mujeres puedan tener acceso a una vida libre de violencia.
Subrayó que las reformas aprobadas permiten promover, impulsar y ampliar la protección de las personas que sufren violencia, para que puedan salvaguardar su vida, pues en el mayor de los casos se trata de mujeres.
El documento precisa que la solicitante deberá contar con una orden de protección emitida por la autoridad competente y el permiso tendrá que durar el mismo tiempo que dicha orden.
Igualmente, destaca la urgencia de que el Estado adopte medidas para proteger y salvaguardar la integridad de las mujeres que sufren violencia, y en que la conservación de la fuente de empleo permite que ese núcleo poblacional supere de manera pronta el problema de violencia.
Briceño Zuloaga sostuvo que el fenómeno es tan grave, que América Latina es la región más violenta para las mujeres que no están en contexto de guerra, pues de acuerdo con datos de las Naciones Unidas, esta región y el Caribe presentan la mayor tasa del mundo de agresión sexual contra las mujeres.