Por primera vez en la historia, el gobierno federal a través de la Secretaria de Gobernación, reconoció que durante la llamada “guerra sucia”, desde el Estado mexicano se realizaron prácticas de contrainsurgencia, detenciones, desapariciones y torturas a cientos de hombres y mujeres.
“Fue un periodo de oscuridad que evidenció a un régimen dispuesto a todo para eliminar cualquier intento de oposición y de discrepancia».
Es por ello que este día, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ofreció disculpas públicas a Martha Alicia Camacho Loaiza, quien junto con su esposo José Manuel Alapizco Lizárraga (ambos integrantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre), fueron detenidos de manera arbitraria el 19 de agosto de 1977 en Culiacán, Sinaloa, por elementos del Ejército mexicano, policías estatales y miembros de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS).
Sánchez Cordero, dijo: «A nombre del Estado mexicano les ofrezco una disculpa pública por la transgresión a sus derechos en el marco de las violaciones graves, generalizadas y sistemáticas a derechos humanos ocurridas en un contexto de violencia política del pasado en el periodo histórico conocido como guerra sucia”.
Recalco que Martha Camacho, fue detenida arbitrariamente, torturada y desaparecida de manera transitoria, mientras que Miguel Alfonso, fue torturado y desaparecido de manera transitoria. Y el señor José Manuel Alapizco fue detenido de manera arbitraria, torturado y privado de la vida extrajudicialmente. Hechos perpetrados por parte de la policía judicial del estado de Sinaloa, de la DFS y por el Ejército mexicano.
«Le ofrezco una disculpa por la violación de su acceso a la justicia y a reconocer la verdad sobre los hechos, así como del paradero del cuerpo del señor José Manuel Alapizco Lizárraga, así como los obstáculos y la dilación de las instituciones encargadas de impartir justicia.
Continuo diciendo: “les ofrezco una disculpa pública por el daño a la imagen, el honor y a la dignidad y el agravio de su familia, derivada de la criminalización realizada en su contra por diversas instituciones del Estado mexicano. Por mi conducto el Estado mexicano hace un compromiso por garantizar la reparación integral de los daños que provocaron las autoridades es de el 19 de agosto de 1977 y a su vez reitero el compromiso de este gobierno de implementar las medidas necesarias para la no repetición de los actos que violentaron sus derechos humanos, para que con ello ninguna otra persona tenga que pasar por estas atrocidades».
Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, aseveró que durante el periodo de la guerra sucia México vivió un contexto de represión a la libertad política y de expresión donde el Estado asumió como enemigo a los disidentes políticos.
