Por David Martínez
Teuchitlán es un pueblo de agricultores y ganaderos. También es un Pueblo Mágico a donde cada año, cientos de personas. llegan a celebrar el equinoccio de primavera en sus curiosas pirámides circulares. Pero este año no está claro si llegará gente, porque las noticias son horribles. El ya célebre Rancho Izaguirre ha vuelto mundialmente famoso al municipio en formas que nadie preveía.
Pero, más allá de lo coyuntural, el caso nos muestra la cruda realidad del país: el abismo de una crisis humanitaria sin precedentes. Ya no hay duda de que el país no camina por el lado del respeto a los Derechos Humanos. José Alfredo Jiménez tenía razón al expresar que, en México, la vida no vale nada. Teuchitlán ha puesto en relieve varias dimensiones de esta crisis.
- Hablamos de la desaparición de personas. Por lo tanto, es crucial el Acceso a la verdad y a la justicia y no repetición. ¿Dónde están? ¿Qué les pasó? ¿Quiénes son los responsables? ¿Qué estamos haciendo para que no vuelva a suceder? Temas que nadie ha tocado y de los que nadie sabe las respuestas.
- Al hablar de personas, debemos hacerlo en toda la extensión de la palabra, de loq eu significa. Hay una crisis inconmensurable psicosocial de las madres, padres, hijos e hijas. ¿Cuál es el efecto a nivel comunitario y social? No dar con una tumba, con un sitio para llorar a alguien, llevarle flores y poder despedirse es devastador y demoledor para las familias. Se dice que desestructura la psique; es decir, nos coloca al borde de la locura. Las afectaciones en salud, en economía, son tremendas. ¿Quién revisa eso? ¿Quién contiene? ¿Dónde están los terapeutas, los psicoanalistas, los expertos en duelo? ¿Por qué seguimos insistiendo en que los desparecidos “algo andaban haciendo”? Es fundamental preguntarse si sobre el desprecio a la vida humana, a la víctima, puede construirse una República libre, igualitaria y fraterna.
- Hablamos, también, desde el desconocimiento. Hay cifras y matices que dan contexto al asunto. Por ejemplo, la cantidad de desaparecidos del Estado de Jalisco, es de más de 15,000 personas (casi la mitad de los desparecidos por el régimen militar argentino). Las cifras nacionales son un auténtico espanto: más de 115,000 (ningún país occidental maneja esas cifras). Poco dicen los números, pero ha quedado clara la certeza de que el caso de Teuchitlán es solo el último de tantos. ¿Cuántos sitios cómo ese hay en el país? ¿Para qué los han usado? ¿Cuál es su mecánica? ¿Es sólo el Cartel Jalisco Nueva Generación o también tienen sitios así otros carteles?
- Deberíamos hablar del enfoque institucional. Es decir, de la labor del Estado. En última instancia de la búsqueda en vida y forense de las personas. Tenemos una completa apatía en lo que concierne a la identificación humana. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, (CEAV), la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), las comisiones estatales de Búsqueda y las área de periciales de las Fiscalía General de la República y de las fiscalías estatales no sirven. Es necesario decirlo de vuelta: esas instituciones, esos enfoques, esa política pública no sirve. Debemos revisar el fortalecimiento institucional: qué personas y cuáles son los perfiles que están al frente de cada una de estas instituciones, qué presupuesto tienen, y, al interior, cuáles son los recursos humanos y sus capacidades. Desde hace mucho tiempo, no hay una verdadera voluntad política en materia de derechos humanos, no hay voluntad de atender y resolver el problema. No hay intención ni interés en realizar una evaluación de todas estas instituciones, de la Ley de Víctimas, de la Ley General contra la desaparición de personas. Ni qué decir sobre discutir lo que significa la autonomía de las fiscalías. Las cifras mencionadas hacen que sea necesaria una discusión, un verdadero debate nacional entre autoridades y con las familias buscadoras, con las organizaciones sociales, con la academia, organismos internacionales, y la ciudadanía. Estamos muy lejos de eso.
- Falta hablar de la incompetencia en la materia. Por ejemplo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) debería ser un ente autónomo que debería proteger a las víctimas. Pero, al igual de las demás instituciones, tampoco funciona. Está coptada por un personaje inepto y lamentable, como lo es su Secretario General. Ni qué decir de la falta de empatía de su Presidenta, que ni está ni se le espera. Todo el prestigio que poseía su familia, se ha ido por la borda por su absoluto desprecio a la institución que preside. Nunca ha recibido a las víctimas ni se ha pronunciado a su favor. A nadie le importa que haga más recomendaciones con menos recursos si en los temas fundamentales no se muestra al lado del pueblo. El pronunciamiento sobre el exceso de comparar el caso con el Holocausto no tuvo ni sentido. No ayudó a nadie. ¿Qué tipo de Sistema de Derechos Humanos merecemos?
Si este contexto lo sitúas también en la problemática de las violaciones a los derechos de las personas migrantes, la violencia contra las mujeres, tendremos un panorama más claro y elocuente. La crisis humanitaria requiere una política de Estado, no chismes baratos ni clichés de dudosa moral. No se trata de la política de partidos ni de la lucha fratricida por el poder. Es una cuestión de Humanidad, de entender que el papel del Estado -en una situación tan terrible- debe ser traer dignidad, reconocimiento a la propia condición humana. Sin demeritar los avances y los logros, lo evidente es que la política de protección a los Derechos Humanos no está funcionando. Es hora, nunca mejor dicho, de transformarla.
