El pasado 6 de febrero los familiares de Jheralding Marcelo Pantoja Botero recibieron una llamada de las autoridades del Penal Femenil de Coatlán, Moleros, para informarles que la joven de 30 años había muerto por asfixia por ahorcamiento y que investigan el caso como un posible homicidio.
De acuerdo con las autoridades del Centro Federal de Readaptación Social Femenil (Cefereso) 16 de Coatlán del Río, la interna había sido hospitalizada en enero de 2024 después de que intentó atentar contra su vida; sin embargo, los familiares de Jheralding -entrevistados por N+– refieren que ella y otras reclusas eran víctimas de agresiones y malos tratos al interior del penal.
“Ellos dicen que ella se ahorcó; mi hija no se suicidó, sino que a ella me la mataron allá”, indicó la madre de la joven que fue detenida el 14 de febrero de 2018 por portación ilegal de arma de fuego en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, donde trabajaba como mesera.
La familia agrega que a Jheralding la golpearon entre siete guardianas con sus garrotes, le dieron patadas y la dejaron en un muy mal estado; la agresión supuestamente ocurrió porque se negó a ser trasladada sin razón a un patio durante la madrugada: “la violaron y le fracturaron las piernas y la cadera”, razón por la que solicitaron ayuda al consulado para que interviniera por ella.
En su boletín de prensa 2/2025, el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) recordó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación 276/2023 al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social por “violaciones a los derechos humanos de trece mujeres privadas de la libertad que se quitaron la vida al interior del Cefereso 16″.
El Instituto afirmó que desde el año 2021 ya suman 23 muertes de mujeres ocurridas al interior del penal de Coatlán del Río, por lo que exhortó a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que investigue posibles omisiones y dilaciones en la investigación de los casos por parte de las autoridades penitenciarias.
“Se debe conformar un grupo multidisciplinario integrado por especialistas de instituciones de atención a la salud mental, de atención a las adicciones, de criminología, trabajo social, antropología social, del Instituto Nacional de las Mujeres, de la Defensoría Pública Federal y de la Cruz Roja Internacional, a fin de realizar un diagnóstico integral con el objetivo de diseñar y ejecutar acciones afirmativas y de ajustes razonables”.
Conviene recordar que en el Reclusorio Femenil de Puente Grande, Jalisco, se registró la muerte de otra interna, presuntamente a causa de una enfermedad, cuando se encontraba a unos meses de salir luego de enfrentar un proceso de prisión preventiva desde el pasado 16 de enero por su presunta responsabilidad en el delito de fraude genérico.
(Agencia)
