Un juez dictó auto de formal prisión en contra de los ocho militares presuntamente involucrados en el caso Ayotzinapa y quienes son acusados de delincuencia organizada. Los hechos fueron dados a conocer durante la noche del miércoles 7 de febrero.
De acuerdo con los reportes, fue la jueza federal Raquel Ivette Duarte Cedillo la encargada de las acciones, luego de que consideró suficientes la pruebas presentadas por la Fiscalía General del República (FGR). Los militares son señalados por los testigos protegidos Neto y Carla de recibir supuestos sobornos por parte del grupo criminal Guerrero Unidos del cual ambos sujetos serían exmiembros.
Cabe recordar que apenas el pasado 3 de febrero a los militares se les dictó prisión preventiva oficiosa. Mientras que a inicios del mes los efectivos fueron aprehendidos y recluidos en el Campo Militar 1A de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ubicado en la Ciudad de México. Lo anterior tras su liberación a finales de enero de 2024, antes de que, con testigos protegidos, los acusaran de delincuencia organizada.
Abogados de los militares acusaron “cochinero”
Alejandro Robledo y César González, abogados de los miembros de la Sedena, ofrecieron una conferencia de prensa en la que señalaron que la institución a cargo de Alejandro Gertz Manero no pudo llevar a la audiencia a los testigos que fueron relevantes para conseguir la órdenes de captura de los militares.
“El cochinero que han hecho en esta administración y proceso del caso lo único que ha logrado es empañar todo”, fueron parte de la declaraciones de uno de los abogados.
Por su parte, Carla y Neto indicaron en enero pasado que los uniformados estarían relacionados con el supuesto pago de dinero por parte de Guerreros Unidos con el objetivo de que los criminales recibieran protección. Aunque, los militares no estarían relacionados con la desaparición de los 43 normalistas al menos de forma directa.
El caso Ayotzinapa fue uno de los temas durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador quien dijo que cuando fue abierta la investigación la misma fue “torcida” a propósito.
“Después de la desaparición de los jóvenes, interviene la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH]. Este farsante Álvarez Icaza, facho, él interviene, pero como a los 10 días, y firman una recomendación. Y ahí hablan ya de autoridades locales y hablan de la delincuencia organizada, ahí no se habla del Ejército”.
Ante los señalamientos sobre la supuesta intervención de la CIDH, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) respondió en sus redes sociales al mandatario y aseguró que culpar a las diversas organizaciones o las civiles por el no esclarecimiento del caso es una forma de “distraer” de lo importante.
El Centro Prodh aseguró que la Sedena es una institución que ha obstaculizado el avance en el caso Ayotzinapa.
“Culpar a #OEA, #CIDH, #GIEI, actores políticos, jueces, orgs. civiles, o a las víctimas por no poder esclarecer el caso, es una manera de distraer la atención de lo relevante: la incapacidad de la #FGR y la obstaculización generada por la #SEDENA, hoy más empoderada que nunca”, destacó la organización en redes sociales.
En otras acciones, el 30 de enero pasado se informó que un juez federal modificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en contra de José Luis Abarca Velázquez, exalcalde de Iguala, Guerrero y quien estaría relacionado con el caso Ayotzinapa. Fue el medio Milenio el que revisó archivos judiciales de la audiencia del 14 de diciembre pasado y en los que se pudo ver que un juez federal cambió la medida cautelar a prisión preventiva justificada en mandato a una sentencia de amparo.(Agencias)
