POR JULIÁN SÁNCHEZ
En el núcleo de la atención médica en México, emerge una trama que involucra a gigantes de la salud pública, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Estas instituciones, con más de 83.2 y 13.5 millones de derechohabientes respectivamente, se ven empañadas por escándalos relacionados con compras millonarias de medicamentos y pérdidas cuantiosas entre agosto del 2020 y abril del 2023.
Un reportaje ha revelado prácticas cuestionables, como la compra de medicamentos a precios exorbitantes, tal es el caso del letrozol en grajeas, adquirido a un 7,844.73% más de su precio de referencia.
La problemática se expande a otras empresas vinculadas, como Farmacias Tamaulipecas y Logística Médica de Occidente, las cuales han obtenido contratos millonarios del IMSS bajo la modalidad de compra emergente, presentando sobrecostos alarmantes que oscilan entre el 202.04 y el 1,110.14%.
Empresas como SOS Sistemas Opcionales en Salud, S.A. de C.V., CVS Pharma, S.A. de C.V., Ethomedical S.A. de C.V., Multiequipos y Medicamentos S.A. de C.V., Creando Sonidos de Audición S.A. de C.V., EF Desarrollo e Investigaciones S.A. de C.V., Comercializadora y Distribuidora Sagitario S.A. de C.V., GREEN@W, S.A. de C.V., APS Medicamentos S.A. DE C.V. por citar algunas de las empresas más favorecidas con las compras emergentes.
Este patrón de sobrecostos se replica en diversas delegaciones principalmente en el norte del país, como Nuevo León, Hospital de Especialidades Cardiológicas No.34, Centro Médico Nacional del Noroeste, Tamaulipas, Coahuila, Estado de México y la delegación del sur de la Ciudad de México. La crisis se agrava en delegaciones como Tamaulipas y Nuevo León, donde las compras a sobreprecio triplican el precio estándar y estados en los que la COFEPRIS ha detectado la falsificación de medicamentos, los cuales han sido distribuidos en las instalaciones del IMSS intensificando los riesgos para la salud pública.
En la delegación IMSS de Nuevo León, se ha detectado hasta 164 % en el costo de pedidos en comparación con los autorizados; y, para el caso de material de curación, resultaron hasta el 368 % por arriba del costo del mercado, revelando prácticas financieras cuestionables. Empresas como 1115 Medical, S. de R.L. de C.V., Sustain Medical Group S. de R.L. de CV., y RAGA Medical S.A. de C.V., se benefician significativamente de estas compras emergentes, ya que se adjudicaron más de 500 millones de pesos entre las tres.
En esta misma delegación, de Inmunoglobulina G Humana ha detectado pedidos por un importe adjudicado de 76 millones de pesos; sin embargo, Octapharma, una empresa farmacéutica familiar con sede en Suiza, denunció que varias de las empresas a las que se les adquirieron el medicamento no contaban con carta de respaldo, exponiendo la posibilidad de que el medicamento adquirido careciera de los niveles de calidad necesarios, representando un riesgo para la población.
A pesar de las medidas implementadas por el IMSS, la figura de Aldo Díaz Pérez, señalado como uno de los actores principales del Cartel Farmacéutico del Norte, se vuelve central en este escenario. Con una facturación de 760 millones de pesos en 2021, Díaz Pérez mantiene relaciones estratégicas con Javier Guerrero García, director de Operación y Evaluación del IMSS, y el exdirector de Pemex, Carlos Treviño Medina.
La conexión entre Aldo Díaz, Carlos Treviño y Javier Guerrero García revela una red compleja que opera directamente en las delegaciones del IMSS. Surge entonces la pregunta: ¿pretenden estos integrantes del Cartel del Norte además de hacer negocio con precios fuera de mercado perjudicar a los derechohabientes con la compra y distribución en el IMSS de productos falsos para continuar con sus prácticas ilícitas impunemente?.
La conexión de Díaz Pérez con Treviño Medina, con antecedentes en SEGALMEX, plantea inquietudes sobre la integridad del sector. Supuestamente vinculado al Cartel Farmacéutico del Norte, Díaz Pérez es acusado de simular necesidades a nivel nacional, utilizando a Guerrero García y Treviño Medina para responsabilizar al IMSS y facilitar compras a precios desorbitados.
Díaz Pérez cuenta con un historial cuestionable, incluyendo fraudes inmobiliarios y un paso por SEGALMEX, su presencia genera preocupaciones adicionales sobre la integridad del sistema de salud. Por su parte, Carlos Treviño, cuenta con un expediente generado por la ASF por desvío de recursos y Javier Guerrero García que en el sexenio de Peña Nieto fue el responsable de la creación de la estafa maestra junto con Rosario Robles, este último designa directamente a personas como responsables de las delegaciones, de las áreas de compras y de los administradores, con cuestionable historial, generando interrogantes sobre la transparencia del proceso.
El Cartel Farmacéutico del Norte se presenta como una amenaza en medio de la crisis sanitaria, evidenciada por la falsificación y distribución ilegal de medicamentos en el norte de México y anunciada en días recientes por COFEPRIS y AMELAB. La salud pública está en riesgo, exigiendo una investigación exhaustiva y medidas inmediatas para preservar la integridad del sistema de salud en el país.
