*No es una Pesadilla, Sino Lograr el Objetivo Dentro o Fuera de la Legalidad
*De ahí la Inasistencia a la Conmemoración del CVII Aniversario de la Constitución
*La Actitud Presidencial se Prevé Continuará Durante los Siguientes Meses
*Se Dividió a la Nación en dos: el Pueblo Bueno y los Corruptos, los Adversarios y Demás
JESÚS MICHEL NARVÁEZ
Preparar los cimientos y el andamiaje para hacerle frente a la “conspiración” que conlleva la unidad popular contra el superior poder no es tarea fácil y, sin embargo, tampoco imposible de edificar.
Cuando un presidente de una República, la federal, “advierte” a sus gobernados que desde los poderes fácticos se prepara la conspiración, se debe entender que tiene “otros datos” que lo llevaron a “confirmar” la preparación del evento.
¿Algo inesperado y no contemplado en un proyecto de gobierno?
Es probable que la posibilidad haya pasado por su mente y que desde ¡ya! la combatirá “con toda la fuerza del Estado” lo que implicaría el derrumbe de la democracia.
No, no se trata de una pesadilla que se recuerda al despertar. Es un hecho que, con el objetivo de tener la satisfacción personal del triunfo anhelado por lustros, todo se hará, sea o no dentro del marco constitucional.
Dos elementos se conjuntan para suponer lo que se prepara: la inasistencia a la conmemoración del CVII aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917 que, reformada en cerca de 800 ocasiones, mantiene la vigencia y rige el marco jurídico en la actualidad; el otro, la acusación al periodista Joaquín López-Dóriga de ser parte de la “conspiración” que se forja para atacar a su gobierno.
Habría que añadir los análisis realizados por el equipo de investigadores de entidades civiles, autónomas y sin patrocinio gubernamental, en los que se advierten los riesgos para la democracia en los siguientes meses y hasta el día de la elección el domingo 2 de junio.
Aquellas aisladas opiniones sobre la posibilidad de una acción que culmine con el desconocimiento de los resultados alcanzados en las urnas y comprobados fehacientemente, se han multiplicado y se siguen sumando otras que desechaban el rompimiento constitucional.
La postura del presidente de la República, Andrés Manuel López, a lo largo de sus 5 años y 55 días –al día de hoy jueves 24- de mandato, se ha radicalizado y las acciones desarrolladas lo mismo en la construcción de sus obras faraónicas –cuyos costos no se han justificado y la información financiera se declara de seguridad nacional para no difundirla- hasta la ideologización de la educación, pasando por la inclinación abierta y no disfrazada de fomentar alianzas con los gobiernos dictatoriales, han coadyuvado al renacimiento en los ciudadanos de buscar el cambio, corriendo el mismo riesgo que en 2018 cuando empoderaron al personaje que dice identificarse con Benito Juárez, pero es capaz de pronunciar “a mí no me vengan que la ley es la ley”, con Francisco I. Madero por su defensa de la democracia que acabó con la tiranía de Porfirio Díaz y con Lázaro Cárdenas por la expropiación petrolera y el reparto de tierras.
CONTROLAR EL APARATO ELECTORAL
Y SOMETER AL PODER JUDICIAL
Desde el inicio del gobierno que se promueve como la “cuarta transformación”-equiparándose con la Independencia, Las Leyes de Reforma y la Revolución Mexicana- la intención ha sido clara: completarla a costa de lo que sea necesaria “para cambiar el régimen”.
Con una estrategia definida para sepultar el neoliberalismo, al que se le achacan todos los males y ninguna virtud –si hay algo neoliberal y que le ha dado prestigio y recursos al país es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte renegociado y rebautizado y con la intervención directa del presidente electo-, se rompieron los eslabones con la sociedad y productividad; se etiquetó y dividió a la Nación en dos, una formada por el pueblo bueno y otra por los corruptos, adversarios, conservadores y una retahíla de adjetivos.
Aunque en los dos primeros años de mandato se pretendió mostrar que el Poder Ejecutivo federal respetaba al judicial y legislativo y acataría las decisiones soberanas, arrancó la obra de zapa en contra de las instituciones electorales. El choque fue frontal con el Instituto Federal Electoral que resistió los embates hasta el año pasado, cuando culminaron sus gestiones Lorenzo Córdova y Ciro Murayama.
Después, la fijación se ubicó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en 2024 es el objetivo a destruir.
Si bien no controla a plenitud el sistema electoral federal y sus gobernadores a los órganos estatales, el avance para alcanzar la meta es significativo.
Relevos y reyertas en el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación alimentaron la semilla de la discordia y afloró el escondido interés de los y las nuevas consejeras ciudadanas y de los magistrados que perdieron 2 espacios al final de octubre que representaban el equilibrio.
En la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su nueva presidenta Norma Leticia Piña Hernández, actúa con prudencia y trata de evitar el choque con el Ejecutivo ante las descalificaciones cotidianas. Ha sostenido que la Corte es un poder independiente y apoyado a los magistrados y jueces federales para que tomen las decisiones que correspondan en base a la legalidad.
El enfrentamiento del Poder Ejecutivo con el Judicial se agudizó por la cancelación de 13 de los 15 fideicomisos que opera el Poder Judicial de la Federación y, en acto que dejó al margen la legalidad, el Congreso de la Unión aprobó la orden presidencial.
Con motivo de la llegada del huracán Otis, cuyos daños que causaron la tragedia, desde Palacio Nacional el presidente López pidió que la Corte aportará 15 mil millones de pesos depositados en los fideicomisos para la recuperación de Acapulco. Una carta de respuesta por parte de la ministra presidenta, mal interpretada, hizo suponer al jefe de la banda presidencial que se aceptaba sus propuestas sin considerar que cuando menos 7 de los fideicomisos se formaron con ahorros de los trabajadores, motivo por el que el ministro Javier Laynez Potisek suspendió toda acción expropiatoria.
DE “COMPLÓ” A
CONSPIRACIÓN
De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española (RAE), el acto de unirse contra un superior, es conspiración.
El presidente de la República Mexicana no es un superior de sus habitantes. Es, en palabras llanas, el empleado del presidente cuyo contrato es por seis años y punto.
Calentar el ambiente en el año electoral y “denunciar la conspiración” que preparan los conservadores, es un despropósito por el lado que se le quiera mirar.
Es retomar el actuar de los conspiradores que se reunieron en Querétaro para iniciar la gran transformación, esa sí, del país: dejar de ser esclavos y súbitos de la Corona del entonces imperio español.
Fueron, en efecto, los conservadores quienes patrocinaron la conspiración y gracias a ellos surgió un país libre y soberano.
Andrés Manuel López puso en el aire su definición de la derrota: es un “compló”.
¿Acaso en su mente está justamente la alta probabilidad del fracaso de su proyecto político?
No hay razón sustentada para suponer que se prepara una conspiración para impedir que el gobierno actual se mantenga en el poder por la vía del voto universal, libre y secreto. Si ello ocurriera, sería decisión de los ciudadanos y no una permanencia impuesta por un resultado adverso.
Sin embargo, no hay duda de que en los pasillos y sótanos de Palacio Nacional, ronda el fantasma que preludia la probable derrota y, sin argumentos jurídicos, el presidente con la aprobación del Congreso puede suspender los derechos ciudadanos.
El artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:
En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. Si la restricción o suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación; pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará de inmediato al Congreso para que las acuerde. (REFORMADO, D.O.F. 10 DE JUNIO DE 2011)
Y el último de los cuatro párrafos que conforman el artículo 29, es la salvación de la Patria si el Poder Judicial sobrevive. Dice:
Los decretos expedidos por el Ejecutivo durante la restricción o suspensión, serán revisados de oficio e inmediatamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que deberá pronunciarse con la mayor prontitud sobre su constitucionalidad y validez. La suspensión o restricción del ejercicio de derechos y garantías. Este artículo previene que la restricción o suspensión sólo procederá en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública u otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto.
¿Cuál sería la perturbación grave de la paz pública?
¡El desconocimiento de los resultados electorales que no favorecieron al partido del presidente!
La conspiración que denuncia el señor López seguramente está sustentada en sus “otros datos”.
Los mexicanos no buscan que caiga por la mala. Simplemente que termine su gestión y si deciden no otorgar la confianza a la candidata presidencial de Morena, será responsabilidad de las mayorías.
Y si optan por validar la extensión del continuismo, como dirían los clásicos: cada pueblo tiene el gobierno que se merece.
