La máxima instancia judicial de Guatemala acogió el recurso presentado en octubre pasado por un grupo de abogados y ciudadanos interesados en despejar el camino de Bernardo Arévalo a la toma de posesión.
La Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala informó el viernes su decisión de «conminar al Congreso […] a garantizar la efectiva toma de posesión de todo funcionario electo en el proceso electoral 2023, conforme los derechos de oficialización y validación de resultados», incluido el presidente electo, Bernardo Arévalo.
La máxima instancia judicial de Guatemala acogió el recurso presentado en octubre pasado por un grupo de abogados y ciudadanos interesados en despejar el camino de Arévalo a la toma de posesión de obstáculos judiciales impuestos por el Ministerio Público contra el líder del Movimiento Semilla.
La medida protege asimismo la investidura de la vicepresidenta Karin Herrera junto a los 160 diputados, 340 alcaldes y 20 representantes al Parlamento Centroamericano electos en los comicios de este año.
Según trascendió del informe publicado esta jornada, «Este Tribunal […], por las circunstancias acreditadas, y siendo el momento oportuno para salvaguardar el orden constitucional y el Estado Constitucional de Derecho en Guatemala, decidió otorgar el amparo definitivo», afirmó la Corte.
La Corte destacó que «Estas disposiciones se emiten bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, los responsables incurrirán en las responsabilidades civiles y penales correspondientes». Señaló que su fallo «es sin perjuicio de las facultades de investigación y acusaciones que corresponden al Ministerio Público y los jueces del orden penal».
La Fiscalía, liderada por la jueza Consuelo Porras, a la sazón sancionada por Estados Unidos, por corrupción y conducta «antidemocrática», lanzó una campaña contra Arévalo y el Movimiento Semilla tras sus sorpresivas victorias electorales por supuesta irregularidades en el proceso electivo, deslizando incluso la sospecha de manipulación de los comicios.
El Ministerio Público, a través del juez Fredy Orellana, ordenó suspender al partido Semilla por presuntas ilegalidades en su conformación cinco años atrás y después solicitaron le fuera retirada la inmunidad al ya electo presidente Arévalo para investigar un supuesto lavado de dinero y daños en la ocupación de una universidad estatal en 2022.
Estas acciones de la fiscalía guatemalteca generaron malestar internacional y Estados Unidos sancionó a muchos guatemaltecos por «socavar» la democracia. El pasado lunes, Washington anunció restricciones de visado a unos 300 guatemaltecos, entre ellos un centenar de diputados.
Por su parte, el Parlamento Europeo aprobó el jueves una resolución no vinculante que pide la adopción de sanciones contra los responsables por «la tentativa de golpe de Estado» en Guatemala.(TeleSur)
