RAÚL MONDRAGÓN von BERTRAB
“El anglicismo lawfare, ‘guerra jurídica’ en su traducción literal al español, es un término controvertido y difícil de precisar. No aparece en los principales diccionarios de lengua inglesa, ni se recoge en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Objeto de numerosos estudios y debates teóricos, no es exclusivo de ninguna disciplina, siendo utilizado indistintamente en las ciencias jurídicas, sociales y militares.”
Revista General de Derecho Penal
ISSN-e 1698-1189, Nº. 37, 2022
“El lawfare es una guerra política por la vía judicial-mediática, con intereses económicos, políticos y geopolíticos ocultos a la opinión pública. Incorpora jueces, corporaciones de la comunicación, periodistas y líderes de opinión, policías, embajadas y agentes de inteligencia (local y extranjeros). Se caracteriza por el abuso de prisiones preventivas, delaciones premiadas y veredictos antes del debido proceso judicial, mediante acoso y desmoralización a través de medios de comunicación. Incluye allanamientos de locales políticos y hogares de militantes, persecución y amenaza a familiares, situaciones de exilio y refugio político, manipulación y propagación de miedo en los involucrados en determinados procesos políticos (lawfear).”
-Celag.org
En las últimas semanas, los magistrados de la Corte Internacional de Justicia (ICJ por sus siglas en inglés) han escuchado los argumentos de Rusia y de Ucrania respecto del caso promovido por Anton Korynevych, el abogado en jefe de Ucrania ante la ICJ, quien el 26 de febrero de 2022 acusó al presidente ruso, Vladimir Putin, de abusar la Convención sobre Genocidio de las Naciones Unidas, al utilizar un supuesto genocidio en el Este de Ucrania como pretexto para la invasión. Rusia cuestiona no solo la litis, sino incluso la jurisdicción de la Corte.
Desde que inició la guerra que hoy ocupa las primeras planas en todo el mundo, y hasta ahora, hemos señalado una carencia estratégica -o hasta un maniobrar suicida- en las decisiones de Putin, reconociendo la indebida injerencia -¿provocación?- de los EE.UU. al tener actividad en la zona fronteriza de Ucrania con Rusia. En todo caso, no parecía una movida de Kasparov el declarar la guerra al mundo entero y enfrentar al sistema financiero internacional, viniendo de un sigiloso exagente de la KGB experto en relaciones internacionales y en guerra… fría.
Tampoco el alardear de un ejército todopoderoso que en “un día” arrasaría con los “nazis” y anexaría a una nación subestimada que ha hecho alarde de un patriotismo férreo y que durante ya más de año y medio ha mantenido proporcionalmente contra las cuerdas a un oso moscovita, que se ha dejado ver viejo y fuera de forma.
En marzo pasado, la Corte Penal Internacional (ICC por sus siglas en inglés), de la cual una mexicana, Socorro Flores Liera, forma parte desde marzo de 2021, emitió órdenes de aprehensión contra Putin y Lvova-Belova, su comisionada para los derechos de los niños, por permitir la abducción y deportación ilegales de niños de Ucrania a Rusia, fincando a Putin responsabilidad penal en lo individual.
No obstante lo anterior, es de atención -mediática, por supuesto, pero jurídica, sin duda-, la decisión del Kremlin de iniciar un caso penal y emitir órdenes de arresto en contra del fiscal de la ICC, Karim Ahmad Khan, y algunos de sus magistrados, a saber, Tomoko Akane, Rosario Salvatore Aitala y Sergio Gerardo Ugalde Godínez, por sus “resoluciones ilegales”, además de buscar -Khan- complicar las relaciones diplomáticas.
Esta jugada de ping pong, aunada a sus evidentes maniobras de independencia financiera y al as bajo la manga del gas ruso del que Europa depende, nos obligan a repensar el concepto de una estrategia subordinada al capricho dictatorial de Putin.
Tan solo unos cuantos días después de la invasión, un equipo de abogados ucranianos salió en tren de Kyev hacia La Haya, con el entendimiento de que, aunque la batalla se libraría en el campo, la guerra jurídica era otro y muy válido frente.
Korynevych y sus colegas buscan que un tribunal especial juzgue a Putin y a su círculo cercano -unos 20 líderes políticos y militares- por el crimen de agresión, delito fuera de la competencia de cualquier tribunal internacional hoy en día.
La estructura básica de dicho tribunal ya es un hecho: el Centro Internacional para la Persecución del Crimen de Agresión en Contra de Ucrania (ICPA, por sus siglas en inglés), radicado en la oficina judicial de la Unión Europea Eurojust en La Haya, y un grupo de fiscales de Ucrania, la Unión Europea, los EE.UU. y la ICJ, reúnen ya pruebas que incluyen fotografías y comunicaciones interceptadas.
Esta estrategia de demandar a Rusia ante toda posible entidad jurídica internacional, es descrita por el propio Korynevych como «lawfare” o “guerra jurídica”.
Consideramos que este precedente irá más allá de un interesante ejercicio académico y que podría dar ideas a la comunidad jurídica en otros países para llevar a sus dictadores ante la justicia internacional. A manera de ejemplo, la magistrada Flores Liera podría ir dándole una revisada al Artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Son ideas.
