RAÚL MONDRAGÓN von BERTRAB
“En los 1920s, la prohibición en los Estados Unidos fracasó notoriamente en lidiar con el consumo de alcohol, condujo a formas letales de entrada de licor al mercado negro, alimentó el crimen organizado y su violencia asociada, y malgastó dinero público.”
–Owen Jones, periodista británico.
“El negocio de manufacturar alcohol, licor y cerveza saldrá de las manos de los miembros de la comunidad respetuosos de la ley, y será transferido a… la clase criminal,” advirtió el profesor de Yale William Taft, expresidente quien poco después sería nombrado Presidente de la Suprema Corte.”
– Charles River Editors, The Prohibition Era in the United States: The History and Legacy of America’s Ban on Alcohol and Its Repeal
Dependiendo de la fuente, el ilícito negocio de las drogas produce anual y mundialmente entre 360 y 650 billones de dólares. Cantidad escandalosa, sin duda, pero inferior, muy inferior a la utilidad de la industria, legítima, del alcohol, la droga prohibida en los años 20, en los Estados Unidos de Al Capone, que el año pasado generó 1,603 billones de dólares y que disfruta de tal crecimiento, que para el 2027 producirá cerca de 2,000 billones de billetes verdes. Para brindar perspectiva, Capone llegó a ganar 100 millones de dólares al año, equivalentes a 1.3 billones en dólares de 2016.
Por sentido común, lo anterior pondría en jaque el argumento de que los márgenes del narcotráfico ilegal, por su informalidad, son la razón de ser de dicha actividad criminal organizada, más aún si se considera que los grandes grupos de la industria alcohólica gozan de generosas exenciones fiscales. También dejaría sin sentido la afirmación de que la resistencia a la legalización proviene de oscuros intereses que se benefician del estado ilegal de las cosas y que perderían “mucho” con un mercado legalizado.
Lo que es un hecho es que el statu quo no hace sentido ante las cifras y la problemática que deriva de mantenerlo es tan diversa y tiene tan serias implicaciones, que ningún interés creado podrá mantenerlo por mucho tiempo más.
Jim Rauh es un ingeniero químico y empresario de Akron, Ohio, un “pueblote” del medio oeste norteamericano, quien perdió a su hijo de 37 años a manos del fentanilo ilegal, en 2015. A raíz de la tragedia fundó Familias Contra el Fentanilo o “FAF” por sus siglas en inglés, una organización sin fines de lucro, con la misión de lograr que el fentanilo manufacturado de manera ilegal sea declarado un arma de destrucción masiva (WMD), para lo cual ha reunido a una coalición de expertos en el combate al narcotráfico, la política y las ciencias sociales, cuya petición ha llegado hasta al escritorio del Presidente Biden.
FAF busca también crear conciencia social sobre la toxicidad del fentanilo ilícito como un asunto de seguridad nacional, fincar responsabilidad a gobiernos e individuos extranjeros en la crisis norteamericana de dicha sustancia, y desestigmatizar el uso de sustancias y promover, en ánimo preventivo, programas de reducción de daño que apoyen a individuos y comunidades afectados por envenenamiento por fentanilo.
En la primavera de este año, usando datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, FAF reportó que California encabeza la lista de más de muertes relacionadas con fentanilo, e inició una campaña de anuncios espectaculares en las carreteras de la región sur de dicho estado, anuncios que inequívocamente leen:
“EL FENTANILO
ES LA CAUSA DE MUERTE #1
PARA LOS ESTADOUNIDENSES ENTRE 18 Y 45 AÑOS”
Este verano, la familia Rauh obtuvo una sentencia favorable por 18 millones de dólares, la máxima legal para daños punitivos en el estado de Ohio, contra un proveedor de fármacos de China con supuesta presencia en México, una victoria sin precedentes.
