Punto de Vista
Por Jesús Michel Narváez
A partir del martes la Suprema Corte de Justicia de la nación reanuda sus actividades. El periodo vacacional terminó y el cúmulo de asuntos espera soluciones.
Quien no estará feliz es el huésped temporal de Palacio Nacional, porque sabe que cuando menos 8 de los 11 ministros cargaron las baterías para resistir los ataques cotidianos que se producen en los monólogos matinales y deberán revisar acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales que conllevan la enorme responsabilidad de salvaguardar lo que aún queda del Estado de Derecho.
Un tema que deberá ser abordado aunque no haya quejas presentadas en la Corte, es la desobediencia presidencial a los dictados del Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación.
El TEPJF ordenó al Instituto Nacional Electoral definir las reglas para las acciones de los suspirantes a cargos “internos” de las coaliciones Juntos Haremos Historia y Va Por México con su nuevo brazo electoral: Frente Amplio por México y sin recato alguno las medidas no se respetaron.
En el caso del presidente de la República, hay orden precisa: no hablar del proceso electoral de 2024, dejar de mencionar a Xóchitl Gálvez, no mostrar encuestas y borrar de las mañaneras diferentes fragmentos.
Se trata de impedir que la equidad se rompa y que no se usen recursos públicos, como es el caso de las transmisiones matutinas, ya desde Palacio o de cualquier cuartel militar que utilice para realizarlas el señor López.
Sin embargo, al no haber un mecanismo jurídico contemplado en la Constitución para aplicar sanciones más allá de las prohibiciones de hablar y actuar en temas específicos, el presidente es omiso y las medidas cautelares y tutelas, porque sabe que saldrá más barato pagar, en el caso de que se diera, la multa que guardar silencio.
Las decisiones, sentencias, del Tribunal Electoral son inapelables. Por tanto son de obligatoriedad su cumplimiento. No obstante, desde la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República se impugnan tanto como el otorgamiento de amparos concedidos por jueces federales y avalados por los cuando menos 6 ministros.
Si en la Corte no encuentran el camino para frenar las violaciones a las decisiones judiciales que realiza un día sí y otro también el inquilino del virreinal edificio, el proceso electoral, además de otros importantes temas, el abuso de poder será mayor.
Porque el presidente solamente tiene en mente un asunto: que su proyecto político, con el que quiere cambiar hasta el modo de andar de los ciudadanos, siga adelante, no se detenga y culmine con la destrucción de las instituciones.
Hace poco más de un mes, los padres de familia de organizaciones reconocidas por las autoridades, protestaron por los contenidos de los nuevos libros de texto y lograron que un juez federal suspendiera la impresión. Sin embargo, se mantuvo el ritmo desde la Comisión Nacional de Libros de texto Gratuito (Conaliteg) y ya se inició la distribución de los mismos para el ciclo escolar que iniciar el 28 de agosto. Ante el rechazo de profesores y padres, en Guanajuato se retiraron los que ya se habían entregado en las escuelas. Un tema de suma importancia para el país y es, hasta ahora, de los que no se consultan con los ciudadanos. El presidente ya anunció que no serán retirados y háganle como quieran.
El funcionario que llevó a cabo el rediseño de los libros y salió con la frase: los conservadores quieren impedir la transformación educativa.
Este asunto estará en la Corte y, sin duda, será uno de los que más chispas saquen en la seca pradera.
El retorno a las labores cotidianas en la Corte, habrá que seguirlas con puntualidad. Las descalificaciones no desaparecerán y las acusaciones sin pruebas, se multiplicarán.
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