Punto de Vista
Por Jesús Michel Narváez
Un largo procedimiento le espera a la petición de junio político del diputado de Morena, Alejandro Robles, para someter a los 11 ministros por “violar la Constitución y ganar más suelo que el presidente de la República”. Se trata de mostrar todo el poder presidencial en el legislativo.
Instalada la subcomisión de examen previo, que se integran por 14 legisladores y está bajo la jurisdicción de la Comisión de Justicia para después ser dictaminada por la Sección Instructora y, de aprobarse, pasar al Pleno, requiera de mayoría calificada para declarar ha lugar y remitirla al Senado de la República que se erige en jurado de sentencia y emite el veredicto.
En ambas cámaras deben reunirse las dos terceras partes del total de los integrantes de cada una de ellas, es decir, de 500 en los Diputados y 128 en Senadores,
Se antoja una ocurrencia del legislador morenista toda vez que los partidos oficialistas, Morena, PVEM y PT, no cuentan con el número suficiente de legisladores en ninguna de las instancias camerales y difícilmente construirán la mayoría calificada en momentos en que las oposiciones están en el empoderamiento.
Más allá del acto mediático, habría que intentar entender el fondo del asunto y la conclusión sería que es un distractor más del gobierno actual, que no encuentra el camino para estar amenazando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por haber actuado con apego a la Constitución y bateado, literalmente, las reformas legales presentadas por el Ejecutivo federal al fracasar el intento de reformar la Carta Magna.
Es verdad que en la Subcomisión de Examen Previo, presidida por Alejandro Moreno Cárdenas (PRI) y Fernando Macías Olvera (PAN) y que entre los 14 integrantes tienen mayoría los oficialistas.
Sin embargo, a esa instancia se han turnado 16 asuntos para su análisis y se revisarán en orden de presentación. Hasta ahora, no ha sido aprobado o rechazado ninguno, por lo que la solicitud del juicio político a los ministros de la Suprema Corte tendrá que esperar su turno. Entre ellos está el de Yasmín Esquivel Mossa, la muy conocida ministra HP (copias perfectas).
Claro, si se respeta el reglamento interior de la Cámara de Diputados.
El asunto es que desde Palacio Nacional se giran las órdenes a los súbditos y se tienen que acatar so pena de una sanción mayor desde el poder presidencial.
A Ignacio Mier, coordinador de los congresistas de Morena, Carlos Puente Salas, del Verde y Alberto Anaya, del PT no le será fácil convencer a los opositores en la Subcomisión aunque sí a los de la Sección Instructora.
Concediendo sin aceptar, que los legisladores decidan en la Cámara de Diputados aprobar el ha lugar, no será miel sobre hojuelas en el Senado de la República aunque la bancada del PRI esté mermada.
Saben los congresistas de la oposición lo que representará un “juicio sumario” a los 11 ministros: golpe de Estado al Poder Judicial de la Federación.
Argumentan los oficialista que eso hizo Ernesto Zedillo Ponce de León. Tienen razón en parte, salvo que el entonces presidente contaba con la mayoría calificada, que perdió 3 años después.
Y la reforma al Poder Judicial de la Federación no tuvo, ni con mucho, el tufo de venganza que hoy se olfatea a kilómetros de Palacio Nacional y el Legislativo en San Lázaro, no tanto en el oropelesco Senado.
Entonces, sin ofender a nadie, se entiende que la petición del diputados Alejandro Robles es una bola de humo que mando el manager del equipo guinda.
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