El Oficio de Enterrador de Instituciones Actualmente se Aplica a Conveniencia

Los Dados de Dios

 

NIDIA MARIN

No descansará. No, hasta enterrar o por lo menos lesionar a los órganos constitucionales autónomos. Ya destruyó uno. Sí, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación fue el primero en desaparecer durante el actual sexenio. El 15 de mayo de 2019 (aun no cumplía un año en el poder) Andrés Manuel López Obrador le cortó el cuello y… adiós.

Pero ahora, hay otro más amenazado: el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, institución nacida hace apenas nueve años (7 de febrero). Acaba de pasar su cumpleaños. ¿Será el último?

En la actualidad, pues, contra viento y marea permanecen, a pesar de las andanadas que les lazan desde Palacio Nacional: el Banco de México, el Instituto Nacional Electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Fiscalía General de la República y mencionado Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.

Este último, como ya dijimos, está en capilla, aunque la mayor andanada ha sido para el Instituto Nacional Electoral, sobre lo cual, apenas el domingo 26 de febrero tuvo la respuesta de los ciudadanos en la Ciudad de México y en 110 ciudades de la República Mexicana.

Esta institución es la heredera del Instituto Federal Electoral nacido el 11 de octubre de 1996 y transformado en Instituto Nacional Electoral el 13 de septiembre de 1999. Sí hace casi 24 años. 

El INE hoy enfrenta problemas. Ya sabemos y hemos vivido las agresiones que sistemáticamente se lanzan desde Palacio Nacional en su contra (no solamente de la institución, sino de los consejeros y cientos de los empleados), las cuales han vulnerado tanto a ese instituto, que se tiene previstas modificaciones drásticas en la forma de llevar adelante los procesos electorales, por lo pronto los dos primeros que se efectuarán este año en Coahuila y el Estado de México.

Pero como todos los depredadores, no quita el hocico de sus presas y ahora lo tiene en la mira, de la misma manera que a los titulares en el consejo. Ya son tantas las agresiones para lograr su desmantelamiento que la sociedad mexicana ha salido a defenderlo en pleno.

No es todo, hay otra institución autónoma amenazada: el mencionado Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, nacido hace apenas nueve años (7 de febrero). Hoy es su cumpleaños. ¿Será el último?

Y en otra fecha, un 5 de mayo, pero de 2015, se publicó la Ley General de Transparencia y el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos se transformó en Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Desde un año antes había obtenido su autonomía: 7 de febrero de 2014. 

Este organismo (INAI) vela por el cumplimiento de dos derechos fundamentales: el de acceso a la información pública y el de protección de datos personales.

La explicación sobre el trabajo que realiza tal institución es clara: garantiza que cualquier autoridad en el ámbito federal, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos y sindicatos o cualquier persona física, moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad entregue la información pública que sea solicitada.

Además, garantiza el uso adecuado de los datos personales, así como el ejercicio y tutela de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que toda persona tiene con respecto a su información.

Sin embargo, para quien busca destruir instituciones que han dado servicio a los ciudadanos, no hay nada que valga más que su capricho.

AUTONOMIA DE LAS

INSTITUCIONES 

No obstante, los órganos autónomos, de acuerdo con la fracción IX del artículo 3º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental son, además de los dos mencionados: 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (a la que tiene cooptada), nacida el 13 de septiembre de 1999 (al final del gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León); Banco de México (agosto 25 de 1994 al final del mandato de Carlos Salinas de Gortari); Instituto Nacional de Geografía y Estadística (con autonomía desde abril de 2008); Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) el 10 de septiembre de 2013 (en el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto); Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) también en la fecha anterior en el primer año del sexenio de Peña, el cual hoy vive en la amenaza; y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL) el 10 de febrero de 2014), también en el segundo año del priista.

Únicamente la Fiscalía General de la República fue creada en el actual sexenio, cuando Andrés Manuel López Obrador llevaba 20 días en el poder: el 20 de diciembre de 1918.

Ante las amenazas que han sido lanzadas constantemente contra los organismos autónomos el Centro de Análisis de la Información Fundar señaló su preocupación el 7 de enero de 2020, al exponer su preocupación porque “los organismos constitucionales autónomos cumplen una función como contrapesos al poder frente a las arbitrariedades de las instituciones gubernamentales como de servidores y servidoras públicas. Estos organismos que son y han sido herramientas ciudadanas para ejercer derechos clave como la libertad de expresión y el derecho a la información, los cuales permiten el ejercicio de otros derechos, son razón por la cual resulta fundamental garantizar su existencia e independencia”.

Esperamos que haya un milagro y en Palacio Nacional cambien los caprichos por la sensatez.

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