Punto de Vista
Por Jesús Michel Narváez
Expedir un cheque y hacer la firma intencionalmente distinta a la registrada, conlleva una acción premeditada. Quien giró el documento sabe que no será cubierto por la institución bancaria y que el receptor del mismo lo llamará para reclamar el pago. ¿Qué obtuvo el librador?
¡Tiempo!
Eso está ganando el líder de la cuatroté.
Sabe y lo reconoce públicamente que las leyes electorales aprobadas por los congresistas, cuya docilidad y sumisión al “poder supremo”, serán revisadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que La posibilidad de ser declaradas inconstitucionales tomará bastante más tiempo del que necesita para destruir el sistema electoral mexicano.
De entrada, al publicarse en el Diario Oficial de la Federación y fijar la fecha de entrada en vigor, son normas jurídicas “legales”.
Y el Gobierno de la Repúblicas las hará valer hasta en tanto la tormenta de amparos se desata y los jueces federales se toman el razonable espacio para “estudiar” -lo que ya conocen de sobra- el trámite que les dará oportunidad a los reclamantes de obtener la protección de la justicia.
Mientras las manecillas del reloj avanzan y los días transcurren, el personal del INE iniciará a recibir la orden tajante: ¡estás despedido!
Conforme a lo aprobado, los despidos comenzarán en mayo y terminarán en agosto. De tal suerte, que las elecciones del Estado de México y Coahuila todavía contarán con las herramientas electorales conformadas por el personal de carrera, reconocido explícitamente en el artículo 41 de la Constitución.
Sin embargo, las acciones que emprenderán el Gobierno del huésped temporal de Palacio Nacional y su partido, harán mella en la estructura del INE, el Padrón Electoral será “absorbido” por la Secretaría de Gobernación y en las elecciones del 2024 regresarán de sus tumbas lo muertos, como una especie de “milagro” resucitador y aparecerán sus nombres en las boletas y sus votos serán contados.
Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación se avecinan tiempos de huracanes.
Porque es la única y última instancia que puede y debe detener el debilitamiento y la destrucción de la democracia.
Sin democracia no hay libertades. Sin libertades no hay países democráticos. Con tiranos en el poder, se teje la sumisión que obligará a los gobernados a convertirse en zombis con la obligatoriedad de “alabar al señor”.-
La mala fe, la mala leche es manifiesta. El presidente mismo lo dice: “Yo diría que el que se aprueben iniciativas en el Poder Legislativo, el que haya reformas a la Constitución y las leyes y se impugnen estas reformas se acuda al Poder Judicial mediante recursos, controversias, pues todo eso parte de la normalidad política y un verdadero estado de derecho y no como era antes, un ‘estado de chueco’ y de cohecho”.
¿Se respeta el Estado de Derecho en México?
Si así fuere, el Ejecutivo y sus lacayos no promoverían reformar legales conscientes de que violan el marco jurídico. Nadie se opone a modificaciones si éstas contribuyen a mejorar las condiciones de quienes no han tenido la oportunidad de concretar sus aspiraciones. O bien, que la riqueza sea mejor repartida y no solamente entre los poderosos y familiares del que tiene el poder.
Denigrante el papel de los congresistas del oficialismo. Solamente obedecen y se niegan a representar al pueblo y al Pacto Federal.
Lo que viene es la presencia de albañiles del poder legislativo, así con minúsculas, que tendrán como maistro de obras al que no sabe siquiera cómo revisar un proyecto ejecutivo.
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