Los Dados de Dios
NIDIA MARIN
¿Hay algo que celebrar el 5 de febrero?
Poco, si se toma en cuenta que en México los presidentes de la República tienen manga ancha para violar la Constitución… sin que pase nada. Más bien, antes no pasaba nada, pero pudiera haber sorpresas, porque tras la reforma vigente desde el 29 de enero de 2016, el artículo 108 constitucional señala:
“Durante el tiempo de su encargo, el Presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana”.
Para llegar a la reforma realizada por el Congreso de la Unión (durante el mandato sexenal de Enrique Peña Nieto), en la cual un Presidente, como servidor público también puede ser sujeto de sanciones, hubieron de pasar 99 años de la elaboración de la Carta Magna.
Sin embargo, hasta la fecha, la pregunta que nos hacemos los mexicanos, un sexenio sí y el otro también esté el partido que fuere en el poder, por qué la ley es omisa con ellos.
Sí, los presidentes emanados del PRI han violentado la norma. Por ejemplo, Luís Echeverría violentó la Constitución al atacar a los medios de comunicación. Por ejemplo, al retirar la concesión periodística a la Cadena García Valseca; al agredir a periodistas y por ejemplo lograr la destitución de Excelsior de Julio Scherer García y acabar con la revista “¿Por qué?”.
Carlos Salinas de Gortari a su vez, ordenó la enmienda del artículo 27 constitucional y en síntesis suprimió el marco jurídico de la reforma agraria realizada en el sexenio de Lázaro Cárdenas, con lo cual llegó a su fin el reparto agrario. A esos sucesos se les denominó “contrarreforma agraria”.
En el actual siglo XXI los mandatarios que han llegado: Vicente Fox y Felipe Calderón, del PAN; Enrique Peña Nieto, del PRI y Andrés Manuel López Obrador, de Morena, también tienen su historia.
Por ejemplo, en los seis años de administración de Vicente Fox, México se convirtió en la nación latinoamericana con más atentados a periodistas (30 muertos y cinco desaparecidos) y la segunda a nivel mundial, según el informe de la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP) sobre la situación del periodismo en México, publicado en el trabajo de Damián Trillo Málaga, de la Universidad de Colima: “Análisis del discurso oficial sobre libertad de expresión en el periodo presidencial de Vicente Fox Quesada”.
Pero no es todo, ya que Felipe Calderón (aseguró en aquel tiempo el gran jurista Raúl Carrancá y Rivas), incurrió en 57 agravios a la Constitución Mexicana, con el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, que publicó el 11 de octubre del 2009 y que dejó sin empleo a 44 mil 100 electricistas.
Y regresó el PRI y con ello los abusos, ya que en el mandato de Peña Nieto fueron registradas más de 37,000 personas desaparecidas de las cuales 60% había ocurrido en su sexenio, ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad (según Amnistía Internacional). Además, homicidios dolosos, feminicidios, asesinatos de los defensores de los derechos humanos y… periodistas. También discriminación, desigualdad, impunidad y corrupción.
¿Y la Constitución?
Mal, Gracias.
Hoy, en el mandato de López Obrador el asunto está peor. Y van sólo algunos ejemplos de las presuntas violaciones constitucionales realizadas por el Presidente:
Por ejemplo, con al artículo 21 al ordenar a la Guardia Nacional realizar tareas de seguridad pública que están constitucionalmente reservadas para civiles, es decir los policías.
También viola el artículo 41 sobre la Autonomía del Instituto Nacional Electoral al haber realizado nombramientos de consejeros electorales totalmente fuera de la norma.
Y también viola los artículos 25 y 28 de la Constitución al cancelar por decreto las concesiones en materia de hidrocarburos y energías limpias (lo cual además lo reclaman Estados Unidos y Canadá en el T-MEC).
Y por cierto, el 29 de enero de 2016, también acotaron a otros, en el artículo 108, que también dice:
“Los ejecutivos de las entidades federativas, los diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, los integrantes de los Ayuntamientos y Alcaldías, los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía, así como los demás servidores públicos locales, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales”.
En fin…
¿Hay algo que celebrar este 5 de febrero?
Poco, en todo caso.
