*Francisco Berlín Valenzuela
Para quien ha pasado gran parte de su vida académica en el campo de los estudios del derecho electoral, es oportuno, expresar algunos comentarios y reflexiones sobre la iniciativa de reforma electoral, enviada por el presidente de la república, lic. Andrés Manuel López Obrador, al Congreso de la Unión, para su discusión y aprobación, en su caso. desde luego, es patente que el asunto se ha polarizado, al establecerse dos posiciones: primera) la de aquellos que la apoyan y segunda) la de quienes la rechazan por considerarla inoportuna e inadecuada, al implicar un retroceso a las conquistas democráticas, logradas por el pueblo de México a lo largo de su accidentada historia.
Es mi propósito, en este breve análisis, proporcionar algunos razonamientos y argumentos, más allá de intereses políticos coyunturales, a los diversos partidos, asociaciones y público en general, que les haga entendible el significado y alcances de una institución tan importante.
Desde el punto de vista de la doctrina del derecho electoral, se considera que constituye una parte trascendental del proceso electoral, el capítulo referente a los organismos electorales, ya que son los encargados de la organización de las elecciones y constituyen un elemento vital para la credibilidad de su realización. al respecto, los interesados en estos temas, se han venido preguntando ¿quién debe organizar los comicios?, si ¿debe ser el gobierno constituido o encargarse a organismos autónomos e independientes, que sean una garantía de imparcialidad y credibilidad? Las respuestas a estas interrogantes, han sido una preocupación de los estudiosos de la ciencia política, la sociología política y el derecho electoral, las cuales podemos encauzar en dos direcciones: 1) la de quienes sostienen que si el gobierno no hace las elecciones, no hay quien las haga, por los complejos problemas que entraña, su preparación, desarrollo y su enorme gasto y, 2) la de aquellos que piensan que deben ser realizadas por personas y organismos ajenos al gobierno y a los intereses políticos concretos que sus funcionarios suelen representar.
La orientación que algunas naciones han venido dando a este problema electoral, está directamente conectado con su grado de desarrollo social, avance democrático o retroceso político, que da lugar a prácticas electorales viciadas o a la creación de instituciones más perfeccionadas. decidir quién debe organizar las elecciones o resolver los conflictos e irregularidades que se presentan en ellas, es una cuestión derivada del sistema político general que caracteriza a un pueblo, así como de la correlación de fuerzas que intervienen en las luchas por el poder y el apego y respeto al estado de derecho y a los derechos humanos en general. Independientemente que hayan existido, sobre todo en el siglo pasado, algunos Estados partidarios de que sus gobiernos intervinieran en los procesos electorales.
La tendencia general, hoy en día, es que en un régimen, verdaderamente democrático, deben ser organismos especiales codificados en leyes con una práctica aceptada, para hacer prevalecer las garantías de imparcialidad, que los procesos electorales exigen, con organizaciones administrativas y judiciales, que estén libres de toda sospecha. Esta última orientación se ha venido fortaleciendo en la medida en que numerosos países han revisados sus leyes electorales y creado organismos para la preparación, vigilancia y desarrollo de las elecciones, incluyendo los encargados de aplicar una avanzada justicia electoral.
En mis estudios de derecho electoral, realizados desde el año de 1979, con la finalidad de contribuir a orientar el rumbo que los cuestionados procesos electorales tenían en esa época, propuse en mis libros, que la autoridad administrativa debía estar facultada por las leyes constitucionales y electorales para realizar actos relacionados con los lugares de votación, los electores, con los candidatos y en general con el desarrollo y vigilancia de los procesos comiciales. Para la realización de los mencionados actos, debían ser creados varios organismos, los clasifiqué como: a) el organismo rector de las elecciones; b) los encargados de la elaboración del censo o padrón electoral; c) las comisiones o juntas electorales nacionales y regionales, encargadas de delimitar las circunscripciones y secciones en que es dividido cada estado, así como realizar los comicios en sus áreas; y d) las mesas o casillas electorales que presiden la votación, efectúan el escrutinio que les corresponde y vigilan la buena marcha de los comicios dentro de cada sección.
De los diversos organismos enlistados anteriormente, me referiré solamente en este análisis, al que denominé organismo rector de las elecciones, el cual en nuestro país ha recibido la denominación de Instituto Federal Electoral (OFE), anteriormente, y ahora es conocido con el nombre de Instituto Nacional Electoral (INE).
Desde un punto de vista general, podemos definir al Instituto Nacional Electoral de México como el organismo encargado de realizar los procesos electorales en forma libre, equitativa y confiable, para garantizar el ejercicio de los derechos electorales de los ciudadanos. Su regulación normativa está hecha en la Constitución General de la República y en las leyes secundarias y demás disposiciones reglamentarias.
En su artículo 41, apartado a, la Constitución General de la República expresa que: el Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonios propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. en el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores. para garantizar su autonomía e independencia, el constituyente permanente expresamente manifestó “el Instituto Nacional Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El Consejo General será su órgano superior de dirección y se integrará por un consejero presidente y diez consejeros electorales, y concurrirán, con voz pero sin voto, los consejeros del Poder Legislativo, los representantes de los partidos políticos y un secretario ejecutivo; la ley -sigue diciendo-determinará las reglas para la organización y funcionamiento de los órganos, las relaciones de mando entre éstos, así como la relación con los organismos públicos locales…….” .
Después de estas breves reflexiones sobre la importancia que los organismos rectores tienen en el proceso electoral, debemos de considerar que el debate que se ha suscitado entre el gobierno de la Republica y numerosos sectores de la sociedad mexicana, acerca de posibles cambios a la estructura del INE, es de gran importancia y trascendencia para el presente y futuro de la nación, por lo que siendo imparciales se observa que los cambios propuestos en la iniciativa del Ejecutivo son inoportunos e improcedentes, porque acabarán conduciendo a la nación, a un grave retroceso en las conquistas democráticas que el pueblo de México ha logrado, después de largas décadas del sistema de partido dominante y hegemónico.
En esta ocasión, nos hemos referido a las reacciones que tales propuestas han provocado en numerosos sectores de la sociedad mexicana, unificando su criterio, para marchar juntos en una gran manifestación de apoyo al INE que se proponen realizar el día de mañana, para decirle al mundo entero que los mexicanos quieren vivir en el país libre y democrático, en el que se respeta el estado de derecho.
*Dr. en derecho. autor de libros de derecho electoral y parlamentario. Exsecretatario general de gobierno en Veracruz. exdirector fundador del Colegio de Veracruz. exdiputado federal y exdirector fundador de la Casa de la Cultura jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
