*La Elección Popular de Consejeros y Magistrados es Imposible y Contradictoria
*Modificar Tamaños y Modos en los Congresos Locales Contrapuesto con el Artículo 40 Constitucional
*Absurdo, Colocar a Quienes Deben ser Árbitros Equidistantes en una Dependencia de Favores
*Sobre OPLES y TEE, el Gobierno Podría Acceder Inicialmente a una “Desaparición Cosmética”
*Tendrían que Cancelar en la Constitución, las Facultades de las Entidades Federativas
*El Remate es que con Esta Propuesta se Matan de Facto las Coaliciones
*Si no Pueden Llámennos a las y los Verdaderos Especialistas Electorales de Este País
VICTOR ALARCÓN OLGUIN*
Se encuentra finalmente en proceso de deliberación legislativa la propuesta de reformas constitucionales en materia político-electoral. El riesgo evidente, advertido desde los diversos ámbitos de la reflexión pública, es que el oficialismo no trate de imponerla a la vieja usanza del mayoritarismo numérico, sino que realmente apruebe disposiciones que sean promotoras de una mayor equidad e inclusión para la ciudadanía y el propio régimen democrático.
El problema estriba en que, como todo juego político, el actor promovente (AMLO y sus grupos parlamentarios) están en una estrategia de maximización en donde pretenden alzarse con un “ganar todo”.
La oposición, debilitada y sin cohesión pública ni privada, apenas puede confiar en que sus números puedan acaso impedir dicha acción. Solo emulando una postura como la que tuvieron con el debate de la reforma energética, pudieran tener alguna posibilidad de que el resultado se acerque más a lo acontecido con el tema de la permanencia de la presencia militar en funciones de seguridad pública.
Si pasamos a un nivel de “segundas preferencias”, podríamos valorar que serían las posturas que una y otra parte pudieran retirar/ ceder a efecto de lograr lo sustantivo de sus respectivos intereses.
Por el lado del gobierno, saben perfectamente que la elección popular de consejeros y magistrados es imposible y contradictoria por su alto costo y porque sería un absurdo, ahora, colocar a quienes deben ser árbitros equidistantes en una auténtica dependencia de favores con quienes les respalden con el dinero y los votos que les lleven a dichos cargos.
¿Con qué se conformarían a cambio? Con tener mano en la designación de la presidencia próxima del INE o bien tener al menos a los otros 2 espacios vacantes. Esa es la verdadera tirada para ablandar a la oposición. Otro elemento adicional es lograr al menos que el INE (sin cambiar el nombre) incorpore constitucionalmente (porque sólo están en las leyes secundarias) las tareas de organizar las consultas populares y la revocación de mandato.
Eso nos lleva a los OPLES y TEE, en donde el gobierno podría acceder inicialmente a una “desaparición cosmética”, en la medida que su absorción por parte del INE y el TEPJF permita evitar juicios laborales y demandas colectivas que pudieran retrasar la operación de ambas instancias. Además de que sería un suicidio colocar a las instancias electorales en la idea de que no se necesita un Servicio Profesional Permanente bajo la idea de que al eliminarse el sistema distrital uninominal (con el concepto de la proporcionalidad pura), entonces toda la estructura de organización dependa solo de tener juntas ejecutivas a nivel entidad (las cuales tendrían, en todo caso, que desplegarse territorialmente vía municipios para poder supervisar el trabajo seccional).
Y de lograrlo, el proceso lo continuarían en la LGIPE para limar todo lo “autónomo” que tuvieran en su organización. Pero igualmente deben tomar en cuenta que tendrían que cancelarse, desde la Constitución misma, las facultades que poseen las entidades federativas para emitir sus leyes en materia de participación ciudadana, que son las que regulan a dichos procesos y en consecuencia deberían emitir una Ley de Consulta Popular y otra de Revocación de Mandato con alcance nacional para que todo procedimiento de esta materia aplique en cualquier cargo público y de representación popular.
En el tema del financiamiento público podría hallarse un punto de acuerdo: partamos de que es claro que su eliminación absoluta en años no electorales no es viable. Opciones son dejarlo en el 65% actual, pero eliminando los financiamientos locales; regresar a la idea del 32.5% pero permitiendo la asignación simultánea local por ese monto. Y también estaría solo dejarlo al 32.5% nacional sin financiamiento local. Ahí dependerá de qué tan cohesionada esté la oposición e incluso los socios de Morena que no estarían tan convencidos sobre darse un balazo en el pie sacrificando tanto en este rubro.
Y el otro gran tema que aparece en el horizonte es el asunto del cambio en la integración de los poderes congresionales y municipales. La RP pura como base de la integración mata de facto a las coaliciones, ya que el principio actual es permitir la postulación de candidatos comunes y listados propios en la emisión del voto simultáneo. Con la propuesta de reforma, los partidos tendrán que disputar su inclusión en los listados con menos espacios y en una sola lista si fueran en alianza. En todo caso, esto obligaría a que los acuerdos ahora también incluyeran reparto de espacios potenciales en la administración, siendo acaso necesario de que ahora si se tuviera que completar lo relativo a las disposiciones secundarias en materia del gobierno de coalición.
Por ello, esta propuesta puede verse como poco probable, en tanto los socios minoritarios de MORENA perderían mucho con la misma.
Y el otro tema es que el cambio propuesto en el artículo 116 para modificar tamaños y modos de integración de los congresos locales se contrapone con el artículo 40 de la Constitución en cuanto abarca a poderes que son competencia de la libertad configurativa en el régimen de gobierno interior que poseen las entidades locales. Sería un tema muy interesante que los gobiernos estatales que no estuvieran de acuerdo interpusieran controversias ante la SCJN para dejar en claro este aspecto de nuestro modelo federal.
Hay otros aspectos que pueden ser factibles de lograr, como por ejemplo el tema de la implementación del voto electrónico a nivel nacional (asunto que tiene un primer punto de avance con lo ya dispuesto para el 2024 con relación al voto de las comunidades mexicanas residentes en el extranjero), el cual pudiera tener un acuerdo para su plena marcha en 2027.
Cómo puede verse, la discusión en curso necesita de anclajes analíticos sólidos, y no solo moverse dentro de los berreos epidérmicos del momento.
En política TODO es susceptible de negociación y de generar acuerdos. Nada más que como dice el refrán: “en la forma de pedir está el dar”. Esperemos que las partes asuman un trabajo de acercamiento serio y no se coloquen dentro de la autodestructiva condición del todo o nada. O de imponer algo sólo por consigna, sin medir en nada los costos subsecuentes (o importarles muy poco con tal de quedar bien con el de arriba).
Y si no pueden, en serio llámennos a las y los verdaderos especialistas electorales de este país. Haríamos ese trabajo de manera muy honrosa y con la mejor intención de que lo que se obtenga deje a las partes contentas. Estamos a la orden y sin cobrar un peso para que ni los boots salgan con que vamos con consigna. Muchos llevamos hasta 40 años de estudio y comparación de los sistemas electorales en México y el mundo.
Ahí les dejamos la oferta sobre la mesa señores integrantes de la Junta de Coordinación Política de nuestra Cámara de Diputados – H. Congreso de la Unión
*Doctor, investigador de la UAM-Iztapalapa
