La Policía colombiana se convirtió en las últimas semanas en blanco del grupo criminal Clan del Golfo que intensificó los asesinatos selectivos de miembros de la institución en la peor ola de violencia de los últimos años.
Los asesinatos del Clan del Golfo mediante el llamado «plan pistola» comenzaron en mayo pasado, en respuesta a la extradición a Estados Unidos de su máximo jefe, Dairo Antonio Úsuga, alias «Otoniel», y hasta la fecha esta campaña criminal se ha cobrado la vida de casi 40 policías.
Según la Policía, el Clan ofrece entre mil y cinco mil dólares por efectivo muerto, al estilo del difunto capo de la cocaína Pablo Escobar en los años 90, cuando lanzó el llamado «plan pistola» en su guerra abierta contra el Estado.
Según el ministro de Defensa, Diego Molano, con esta ola de ataques, el Clan del Golfo busca «posicionarse políticamente» para una eventual negociación con el gobierno del presidente electo, Gustavo Petro, que asumirá el próximo 7 de agosto como el primer mandatario de izquierda del país.
En 2018 ‘Otoniel’ había expresado su voluntad de someterse a la justicia. El presidente de la época, el nobel de Paz Juan Manuel Santos, inició el proceso, pero finalmente la rendición no se concretó y el Clan siguió traficando cocaína.
Cuando las autoridades capturaron al capo en octubre pasado, luego de meses de persecución por la selva, el presidente derechista Iván Duque se anticipó a declarar el fin del Clan, sin embargo, la banda demostró que estaba más activa que nunca. De acuerdo con estimaciones independientes, el poderoso brazo del narco cuenta con unos tres mil miembros entre combatientes y colaboradores.
La semana pasada circuló una carta en la que el Clan y otros grupos armados que se financian con la cocaína dijeron estar dispuestos a un alto al fuego a partir del 7 de agosto, para propiciar su posterior desarme. Ninguna autoridad ha confirmado la autenticidad de la misiva, pero el futuro canciller, Álvaro Leyva, aseguró tener conocimiento del escrito.
Sin embargo, un sometimiento colectivo parece lejano, «a menos de que exista un incentivo suficiente para que esos grupos se entreguen (…) algo que les permita evitar la extradición o conservar la riqueza», opina Restrepo.
Petro también ha abierto la posibilidad de suspender la entrega de los narcos que hagan un «desmantelamiento pacífico» del negocio. Sin embargo, admite que esto depende de «una negociación con Estados Unidos», que no se ha pronunciado frente a esta iniciativa.
Luego de casi cinco décadas de lucha conjunta contra el narcotráfico, Colombia sigue siendo el principal productor de cocaína del mundo y Estados Unidos el principal consumidor.
