Propone el presidente desmantelar los órganos de control interno

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una reforma de ley para reducir la estructura de los Órganos Internos de Control del gobierno federal, que son los entes encargados de vigilar que se fiscalice el gasto, se evalúe la gestión pública y se prevengan actos de corrupción, con lo cual la vigilancia de operaciones, sobre recursos financieros y transparencia de acciones gubernamentales, se verá seriamente afectada.

El objetivo de la reforma es “cubrir con la infraestructura mínima indispensable las necesidades en la vigilancia, control y evaluación de la gestión pública”.

Literalmente, la propuesta dice que se busca la reducción de estructuras y la redistribución de funciones, así como generar ahorros. En la realidad, dejará en mínimos de personal las auditorias internas y la Secretaría de la Función Pública no contará con información que proporcionen sus contralores internos.

La propuesta, que llegó esta tarde a la Cámara de Diputados, dice que normalmente se ha interpretado que cada ente debe tener un órgano interno de control, mientras que la ley vigente permite que varios entes compartan uno mismo.

“De esta manera, la iniciativa desarrolla la posibilidad de agrupar a los órganos internos de control por sector, material o especialización. Lo anterior, según mejores prácticas, armonización del ejercicio de la función, racionalidad y austeridad republicana, la independencia para la toma de decisiones objetivas e imparciales”, dice la exposición de motivos de la iniciativa. El otro gran apartado de esta propuesta de reforma tiene que ver con las compras consolidadas.

El Presidente propone transferir de Hacienda a la Secretaría de la Función Pública la capacidad para realizar compras consolidadas, de tal forma que se mejore el combate a la corrupción y se busquen mejores condiciones de calidad, precio y oportunidad.

También, se faculta a la SFP para participar en las negociaciones comerciales internacionales relacionadas con compras del sector público, coordinar las compras estratégicas y elaborar disposiciones que promuevan la participación de la proveeduría nacional en dichas compras

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