Las prioridades de Morena en el Senado no corresponden con las necesidades urgentes de las y los mexicanos
La senadora Gina Cruz Blackledge reprobó que senadoras y senadores de la mayoría en el poder, impusieran el “decretazo” enviado de la Cámara de Diputados para que funcionarios de su partido puedan promocionar la consulta de revocación incluyendo también al Ejecutivo federal.
“El decreto es inconstitucional toda vez que viola la prohibición que establece el artículo 105, fracción II penúltimo párrafo de la Constitución que manda que las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales”, apuntó la legisladora.
Asimismo, acusó que, en el Senado, Morena impuso la ilegalidad haciéndola legal, lo que va en contra de la democracia y de las y los mexicanos.
“Hoy evidenciaron que sus prioridades no corresponden con las necesidades urgentes de los ciudadanos de este país. En lugar de apoyar a las personas y a las familias con Ingreso Básico Universal, como lo hemos propuesto desde Acción Nacional, dieron rienda suelta a los caprichos del presidente”, aseveró.
Cabe precisar que en el decreto aprobado se interpreta el párrafo octavo del artículo 134 constitucional; este párrafo prevé que la propaganda gubernamental no incluirá en ningún caso nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público, dijo.
Cruz Blackledge explicó que “legisladores de Morena y sus aliados aprobaron una interpretación según la cual no constituye propaganda gubernamental las expresiones de las personas servidoras públicas, las cuales se encuentran sujetas a los límites establecidos en las leyes aplicables”.
Por lo que expuso que esta aprobación abre la puerta para que López Obrador, su partido y sus aliados puedan promover la consulta de revocación, se da libertad para realizar propaganda personalizada a cualquier servidor público y se pretende que las sanciones que se puedan aplicar por propaganda personalizada queden sin efecto.
“El Poder Legislativo se atribuye indebidamente la facultad de interpretar leyes que corresponde, en todo caso, a los órganos administrativos y al Poder Judicial”, finalizó la legisladora panista.
