Por Víctor Alarcón Olguin*
En seguimiento a la publicado hace unos días sobre este tema, la presidencia de la Cámara de Diputados a petición de su grupo mayoritario (a diferencia de la actitud de bloqueo vista por su equivalente en el Senado con respecto al decreto presidencial en materia de obra pública) reaccionó en contra del acuerdo aprobado por la mayoría de consejerxs del INE relativo a postergar la consulta en materia de revocación de mandato, e introdujo una controversia ante la SCJN, cuya comisión de receso (integrada por las ministras Esquivel y Rios Farjat) la han atendido y admitido en los términos que marca la ley.
En consecuencia, las ministras han determinado suspender la medida, con lo que el INE está obligado a continuar con los trabajos del proceso, a reserva de que en el mes de enero la Corte pueda estar en condiciones de sesionar plenariamente y así pueda conocer y pronunciarse finalmente sobre el fondo del tema.
Y al efecto también hay que recordar lo respondido por el ministro González Alcántara a la petición hecha a su vez por el INE en días pasados para obtener el apoyo de la Corte para suspender los efectos de la decisión legislativa hará que los dos asuntos se acumulen y así el máximo tribunal deberá resolver.
Como medida cautelar, la suspensión otorgada (que opera como una suerte de amparo para hacerlo comprensible para quienes no son -somos- juristas) es un momento procesal de carácter provisional que entonces obliga al INE a proseguir en los trabajos de organización de la consulta; y en caso de ser desacatados, sus efectos pueden acarrear consecuencias muy graves para quienes los infrinjan, como podría ser la destitución de sus cargos.
La respuesta y el criterio aplicados desde la Corte son previsibles con base en los precedentes de lo acontecido en la consulta popular de este año por acabar, y eso implicará ajustarse al presupuesto aprobado. Es una decisión con sabor anticipado a derrota para la mayoría de consejerxs promotores de la medida.
Sus implicaciones son profundas en tanto cabe ver una regresión en estos actos, no en materia de dinero, sino en la concepción de las tareas que se les asignan al árbitro electoral y en general a los organismos constitucionales autónomos (OCAs), en tanto se les vuelve a concebir como una simple dependencia de gobierno.
Sin duda, la pandemia es un contexto que limita sobremanera la disposición de recursos y en caso de lograrse el cumplimiento del requisito de firmas (en número y dispersión territorial) ello obligará al INE a que la haga en los términos equivalentes al ejercicio de agosto.
Los ejercicios de democracia participativa fueron agregándose al repertorio constitucional de derechos políticos en este país. Como ya lo estamos constatando, implica un proceso de aprendizaje que debería colocarnos no en situaciones volátiles e inciertas, sino que deberíamos estar en capacidad de estudiar cuándo y de qué manera estos mecanismos deberían ser aplicados.
Esto es, la petición de revocación debería ser un derecho para quienes desean remover al presidente, y no a la inversa, en tanto precisamente lo tergiversan presentándolo como un mecanismo de ratificación.
Si estuviéramos en un régimen parlamentario clásico, lo correcto sería entonces que el titular del gobierno llame a elecciones anticipadas si desea obtener un respaldo popular para continuar en el cargo, lo que permite incluso la posibilidad de renovar a su gabinete, en caso de sostenerse a través de una coalición partidaria.
De esta manera, la presente consulta carece de sentido, en tanto queda muy claro que el presidente goza de una tasa de aprobación mediática relevante. El Ejecutivo federal ha promovido este ejercicio como parte de su estrategia de movilización “permanente” que le permite canalizar recursos hacia la mayoría de la población y con ello fortalecer su adhesión a su modelo de régimen que no viene siendo sino el priismo clásico de control político y social.
Esos miles de millones (al margen de que sean los que da el régimen y los que pide el INE) en estos momentos deberían canalizarse a lo prioritario. Estamos dando pauta a una triste hoguera de vanidades, en lugar de construir instituciones fuertes y confiables.
Sinceramente no cabe esperar demasiado con estos antecedentes, y en cambio hay que preocuparse por la decreciente calidad de nuestro debate político y moral. Es una amarga navidad para el país en términos de ciudadanía y democracia.
Víctor Alarcón es académico de la Universidad Autónoma Meteopolitana. Es experto en política electoral.
