Al concluir su visita el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés), Carmen Rosa Villa Quintana, jefa de la delegación, condenó que en México este delito “se registre con una impunidad casi total y estructural” que favorece la reproducción y el encubrimiento de los perpetradores. “Las personas con las que conversamos nos transmitieron una imagen de una sociedad superada por el fenómeno de las desapariciones, la impunidad sistémica y su impotencia frente a la inacción de algunas autoridades”.
Superar la impunidad, aseguró, exige una estrategia integral del Estado para abordar sus múltiples causas, entre ellas la ineficacia en la investigación de estos crímenes; una comprensión desvirtuada de la autonomía de las fiscalías, “como una suerte de discrecionalidad que les lleva a negar su cooperación en el proceso de búsqueda”; el traslado de la responsabilidad de investigar y aportar pruebas en las víctimas, y un sistema procesal penal “que aún conserva las inercias del pasado”.
Villa Quintana alertó que durante las dos semanas que permaneció la delegación del CED en el país, recibió “información preocupante”, tanto de autoridades como de víctimas, sobre la existencia de diversos patrones en la comisión de desapariciones forzadas en distintas regiones, que operan de manera simultánea y evidencian escenarios de connivencia entre agentes estatales y el crimen organizado. A ello, dijo, se suman las cometidas directamente por agentes del Estado.
Frente a esta realidad, señaló, “el enfoque de seguridad que se ha adoptado no sólo es insuficiente, sino además inadecuado”. Asimismo, destacó que las desapariciones no son únicamente un fenómeno del pasado, sino que aún persiste. Refirió que según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, hasta ayer había 95 mil 121 desaparecidos, de los cuales más de un centenar habrían sido cometidas durante la estancia en México de la delegación.
En conferencia de prensa, también resaltó el incremento “notable” del número de desapariciones de niños, niñas, adolescentes y mujeres. “Lamentamos observar que esta tendencia se agudizó en el contexto de la pandemia de Covid-19”.
Villa Quintana subrayó que los migrantes también son un grupo particularmente vulnerable frente a las desapariciones. “Hemos recibido información de personas que iniciaron su ruta migratoria y terminaron en fosas clandestinas. Otras se encuentran ilegalmente privadas de su libertad sin comunicación con el mundo exterior.
“Lamentamos constatar que se mantiene una situación generalizada de desapariciones en gran parte del país, frente a la cual, tal y como venimos señalando desde 2015, imperan la impunidad y la revictimización”, dijo Villa Quintana, quien reconoció que algunas de las recomendaciones que hicieron en 2015 y 2018 no se han cumplido.
La jefa de la delegación del CED afirmó que “para que en México la desaparición deje de ser el paradigma del crimen perfecto, la respuesta a todos estos factores es urgente, tanto para los casos que iniciaron en el pasado, como para los perpetrados recientemente”. No se puede obviar, mencionó, la necesidad de que el Estado adopte una política nacional de prevención para erradicar este flagelo, que haga efectivos los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
“Es necesario también romper el ciclo de revictimización: desaparecen personas, pero también desaparecen cuerpos localizados, y hasta expedientes”, dijo. Asimismo, expresó su preocupación por el riesgo que viven quienes se involucran en las búsquedas y en la justicia, no sólo víctimas y defensores, sino también funcionarios, “máxime cuando los mecanismos de protección existentes tienen una eficacia limitada”.
De igual manera se refirió a la “grave crisis forense” que existe en el país, “cuya más cruda demostración son las más de 52 mil personas fallecidas sin identificar. El trato indigno y la falta de un acompañamiento adecuado a los familiares en los procesos de identificación y entrega sólo agravan esta situación”.
Villa también reconoció la apertura del gobierno mexicano a la realización de la visita originalmente solicitada en 2013 y los avances legislativos e institucionales, como la adopción de la ley general en la materia y la ley general de víctimas, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, así como el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense.
Concluyó que el reto “es inmenso, lo reconocemos. Ningún proceso o mecanismo puede tener éxito si no cuenta con voluntad política, participación efectiva de las víctimas, así como con recursos financieros suficientes y personal debidamente capacitado, competente y comprometido para llevar a cabo la búsqueda de las personas desaparecidas y las investigaciones sobre su desaparición”. Por ello, ofreció la colaboración del CED para encontrar salidas a este fenómeno en México.
