*Acostumbrados a Vivir con Estos Fenómenos
*Cobro de Derecho de Piso, Impuesto Informal
*Criminales Lucen su Poder con Libertad Plena
*Ineficaces las Acciones del Gobierno Federal
Por Alejandro Zapata Perogordo
Tanto la inseguridad como la corrupción que existen en México, son rubros pendientes que se encuentran íntimamente entrelazados, ambos son verdaderos lastres que socavan e infiltran a las instituciones, de por si débiles, penetrando como la humedad, provocando desaliento e impotencia en la sociedad.
Nos hemos acostumbrado a padecer y vivir con estos nocivos fenómenos, cuyos alcances y efectos se tornan cada día más insoportables, sobre todo cuando proviene de las propias autoridades, expertas en la extorsión y manipulación, además de estar coludidas y proteger a quienes hacen de su vida la cotidiana labor de delinquir.
Es una lastimosa verdad que se encuentra inmersa en todos los niveles y órdenes de gobierno. Ejemplos los hay a montones, desde los agentes de tránsito dedicados a asaltar automovilistas a la vista de todo mundo como ocurre en el Estado de México, sobre todo con aquellos que traen placas de otras entidades, con quienes se ensañan; como en las grandes esferas asignando contratos a sus compadres.
El cobro del derecho de piso se ha convertido en un informal impuesto, conocido y tolerado por las autoridades (si no es que auspiciado), donde el dueño del negocio queda a merced de su suerte si no lo cubre, regularmente le queman el changarro, lo golpean o hasta le quitan la vida, sin que nadie lo apoye, defienda o proteja.
Buena parte del territorio nacional está cooptado por cárteles de la delincuencia, y es común ver en las ciudades grupos civiles fuertemente armados a bordo de vehículos último modelo, transitando libremente por las avenidas y calles, atemorizando a los transeúntes y cometiendo cualquier barbaridad de delitos con toda impunidad.
Los enfrentamientos y ejecuciones en la vía pública forman parte de una normalidad callejera; secuestros, levantones y atentados contra quienes se resisten a los caprichos de la delincuencia, aunque estos últimos constituyen destacadas excepciones, son episodios comunes.
A pesar de su creación de rango constitucional, tanto el Sistema Nacional de Seguridad Pública, como el Sistema Nacional Anticorrupción, sus magros resultados resaltan a la vista, los discursos abanderando esas causas no coinciden con los hechos que revelan una realidad distante.
La voluntad política esgrimida por los altos funcionarios para combatir con eficacia la inseguridad y la corrupción, ha quedado desvirtuada frente a los acontecimientos que dejan patente huella de la ineficacia de las acciones y estrategias llevadas a cabo, ponen en evidencia el doble discurso de los protagonistas.
No se ha puesto orden en la casa, las prioridades se localizan en la justicia selectiva y las campañas electorales; todo gira alrededor de quien será el próximo candidato a la Presidencia de la República y, mientras ello acontece, se dejan de lado estos dos rubros que azotan la armonía social y el Estado de Derecho.
En esa medida, las respuestas oficiales están en función de sus dichos y muy lejos de sus hechos.
