Punto de Vista
Por Jesús Michel Narváez
De acuerdo con el artículo 4º. de la Ley de Expropiación, todo tipo de expropiación solamente la puede decretar el jefe del Ejecutivo Federal.
El segundo párrafo de la ley dice textualmente: La declaratoria de expropiación, de ocupación temporal o de limitación de dominio, se hará mediante decreto del Ejecutivo Federal que se publicará en el Diario Oficial de la Federación.
Hay claridad en los motivos por los cuales se puede expropiar una propiedad privada. Las tierras o bienes concesionados tienen un lapso de vida legal y salvo una ampliación del término o renovación llana de los mismos, regresarán al patrimonio nacional.
Una Ley que data del año 1936 y cuya iniciativa fue enviada por el presidente Lázaro Cárdenas, fue modificada en 2009 y en ninguno de sus 19 artículos -2 son bis- aparece la facultada para que los gobernadores, por decisión propia y aunque fuere avalada por el Congreso local, está facultado para expropiar tierras o bienes inmuebles.
De ahí la sorpresa de que el poblano gobernador, Alejandro Armenta amenaza a la empresa Grupo Proyecta con expropiarle 4 hectáreas si no donan 2.
Digámoslo en buen castellano: chantajea a la empresa con argumentos imposibles de encontrar en la Ley de Expropiación y menos aún en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Armenta sostiene que los desarrolladores de Lomas de Angelópolis, entre ellos Grupo Proyecta, “arrebataron” el patrimonio de decenas de campesinos y ejidatarios años atrás. Por ello, el ultimátum que dio a dicho conglomerado empresarial para que done dos hectáreas o se sujete a entregar cuatro en expropiación: “Denos una migaja de esa riqueza para hacerles viviendas a los elementos de seguridad”.
“Queremos que haya justicia; no estamos en contra del sector privado, pero también debe haber generosidad. Los elementos de seguridad son los que nos cuidan siempre. Es un llamado a la generosidad de los poblanos para encontrar los predios que necesitamos”, publicó El Sol de Puebla en su edición de ayer viernes.
Concedamos sin aceptar: ¿en qué ley se basa el mandatario para usurpar la facultad del jefe del Ejecutivo feferal?
Tratando de entender al gobernador que entró con calzador pues perdió la encuesta realizada por Morena para elegir candidato, habría que preguntarle que, si se trata de hacer justicia, entonces los terrenos que pide en donación o que pretende expropiar, deberían ser entregados a los campesinos y ejidatarios a los que “se las arrebataron”.
No tiene lógica jurídica quitarle propiedades a quienes, podría ser cierto, compraron en centavos y ahora las tierras valen millones, si no se destinan a los legítimos y antiguos propietarios.
Como símil habría que plantearse si en las dos o las cuatro hectáreas no se construirá algún “nidito de amor” o bien una residencia para el jefe policial en turno.
Armenta fue senado y convenció a su coordinador, en ese entonces Ricardo Monreal Ávila, de que lo propusiera y apoyara para presidir la mesa directiva del Senado de la República en el quinto año de la legislatura. Desde ahí ordenaba a la oficina de comunicación buscar ser entrevistado por los medios influyentes y de circulación nacional, además de la cobertura que debían darle las televisoras y la radio. Exigía estar en primera plana. Para eso era el presidente del Senado.
Pretender expropiar si tener facultades legales, sería un despojo y eso es un delito, amén de que actuar fuera del marco constitucional y legal, sería de mayor gravedad.
Decir que lo que pide es “una migaja” pone en claro que se actuar no es digno de un gobernador, a quien, por cierto, el crimen organizado y el narcotráfico lo traen a toallazos.
Puebla, capital, vivía en paz hasta antes de la llegada de Morena al poder y con Miguel Barbosa, exsenador y a quien la muerte lo alcanzó antes de terminar su gestión, a la cabeza para ser sustituido por Sergio Salomón Céspedes quien entregó el cargo a Armenta, ahora es una ciudad peligrosa y no se diga de una docena de ayuntamientos, en donde el huachicol reina sin una corte.
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