Los abogados que defienden las causas de los menores migrantes recibieron amenazas legales por si avanzan con sus litigios contra el Gobierno para que sus defendidos permanezcan en EE.UU.
Como parte de su política contra los migrantes indocumentados, la Administración de Donald Trump canceló los contratos que tenía con decenas de organizaciones que se encargaban de los procesos jurídicos de los menores no acompañados.
La medida tomada por el Gobierno estadounidense deja en un limbo legal a unos 26.000 menores de 18 años que llegaron al país en los últimos años.
Junto a la cancelación del contrato, los abogados que defienden las causas de los menores no acompañados en los tribunales recibieron también amenazas legales por si deciden continuar con sus litigios contra el Gobierno para que sus defendidos permanezcan en EE.UU.
“Todavía no creo lo que está pasando”, aseguró la abogada hondureña, Cristel Martínez, quien litiga casos de migración desde 2018, durante la primera presidencia de Donald Trump. “Entonces hubo muchos ataques, pero no algo así. Estamos hablando de las personas que ayudan a tramitar el asilo”, señala Martínez, quien lleva 26 años en el país.
Martínez y su equipo legal llevan los casos de 325 menores en la ciudad estadounidense de Los Angeles. “Lo que el Gobierno está diciendo es que los niños se pueden defender solos”, señala la letrada.
La mayoría de sus clientes llegaron al país en el 2022, durante la administración de Joe Biden. Otros lo hicieron más tarde. Entre sus defendidos hay una bebé de once meses, que no habla y no mantiene comunicación con su representante legal. También los hay de cinco o siete años. Algunos tienen 17.
La cancelación al financiamiento a cientos de organizaciones y despachos rompe con una tradición de 20 años. El Congreso votó en 2005, con apoyo bipartidista, la Ley de protección a los menores migrantes no acompañados.
Está normativa sentó las bases para que el sistema migratorio estadounidense no se tragara a los más vulnerables. La ley ponía a los recién llegados a cargo de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados que, a su vez, depende del Departamento de Salud y Servicios Humanos, hoy encabezado por el activista antivacunas Robert F. Kennedy.
La ley impide que los menores migrantes sean trasladados a centros de detención de adultos o delincuentes juveniles. Además, establece que el Gobierno de Estados Unidos “no debe repatriar a menores en su custodia a escenarios donde sus vidas corran peligro”.
El propio texto contempla que esta defensa puede hacerse a través de organizaciones sin fines de lucro calificadas en el trato de niños migrantes.
Todo eso cambió el pasado viernes, cuando la Administración Trump informó que suspendía los recursos y fondos que mantienen con vida a decenas de miles de expedientes en el sistema judicial.
La medida fue tomada una semana antes del fin del contrato, que expira este viernes, pero se había renovado continuamente desde 2005.
Al quedarse sin financiamiento, los abogados no tendrán acceso a intérpretes para sus clientes. La enorme mayoría no habla inglés y proviene de Centroamérica, África, Asia y Medio Oriente.
A la cancelación de los contratos siguió otro documento enviado desde la Casa Blanca. El memorando tenía como asunto “prevenir el abuso en el sistema legal y en los tribunales federales”.
El texto alarga la guerra que Donald Trump ha emprendido contra los jueces y el sistema judicial, pues asegura que ya es tiempo de que rindan cuentas los bufetes de abogados y las organizaciones no gubernamentales que han litigado contra el Gobierno.
“El sistema de inmigración está repleto de comportamientos sin escrúpulos de abogados y despachos”, señala el documento. “La barra y los abogados sin fines de lucro frecuentemente aconsejan a sus clientes ocultar el pasado o mentir al hacer sus solicitudes de asilo”, añade.
La Casa Blanca considera que muchos de los despachos viven de alargar los procesos judiciales para así poder recibir más recursos públicos. Y califica el trabajo de los letrados especializados en migración de “frívolo, poco razonable y vejatorio contra Estados Unidos”.
Trump instruyó al fiscal general, Pam Bondi, a “revisar la conducta” de todo los despachos y abogados que hayan demandado al Gobierno estadounidense en los últimos ocho años.
Los ataques de Trump contra los abogados de migración han puesto en guardia al colectivo. “Las amenazas del presidente Trump son para que tengamos miedo de representar a los más vulnerables de nuestra sociedad. Pero fracasará porque sabe que no nos va a intimidar, pues nos respaldan nuestros clientes y las comunidades. Estamos en el lado correcto de la historia”, aseguró el domingo pasado Lindsay Toczylowski, presidenta del Centro de Defensa Legal de Inmigrantes. Telesur
