Punto de Vista
Por Jesús Michel Narváez
Interpretar la constitucionalidad de las leyes, corresponde al Poder Judicial de la
Federación y en concreto a la Suprema Corte de Justicia.
Darle la vuelta a la ley mediante la interpretación, podría justificarse jurídicamente,
aunque no es políticamente correcto.
En Palacio Nacional se han llenado la boca desde hace seis años y casi un mes,
argumentando que no se esconde nada y que la transparencia forma parte de su
decálogo político, moral, ético y “humanista”.
Si no hay nada que ocultar, la información debe ofrecerse a los solicitantes
resguardando los datos personales, de los que son garantes todas las autoridades
que los posean.
Sorprende, por ello, que la unidad de transparencia de la Presidencia de la
República se niegue a entregar los expedientes, que podría cubrir datos
personales, porque, afirma, el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo no es un
sujeto obligado por la ley ni la Constitución y por tanto no tiene por qué
entregarlos. La solicitud está enfocada para conocer los nombres de los aspirantes
a los cargos de magistrado y ministro, que habrán de elegirse con motivo de la
reforma judicial.
Concediendo sin aceptar la respuesta, aplica el dicho: arrojar la piedra y esconder
la mano. Vaya, ocultar quienes serán aspirantes, que finalmente se tendrán que
conocer cuando se impriman las boletas de votación, es un acto desaseado que
exhibe el ocultamiento intencionalmente.
Sabemos y bien, que desde el pasado gobierno y el actual, la transparencia
solamente existe en el leguaje público, pero en la realidad está vedada por
diversas razones incluida la de “seguridad nacional”, aunque las obras que se
ampararon bajo ese concepto en el decreto presidencial, no estén tipificadas en la
ley correspondiente.
Se presumiría que la presidenta Sheinbaum no ha metido las manos en la
preselección de los aspirantes, como tampoco deben meterlas quienes no formen
parte de los Comités de Evaluación de los Tres Poderes de la Unión. Ya se sabe
que, con el “pase automático” -algo reclamado por décadas por los estudiantes
que terminan la secundaria y después para ingresar a la educación superior y no
se ha concedido a plenitud-, los ministros, magistrados y jueces federales podrían
haberse inscrito y participar, si los avalaron los comités, en la elección
constitucional.
De tal suerte, en el caso de los ministros, que se elegirán en número de nueve,
tres plazas están semiconcedidas, las que ocupan las ministras Yasmín Esquivel,
Loretta Ortiz y Lenia Batres. Es decir, por, tendrán que ganar la elección para ser
ratificadas como ministras. Si los votos no las favorecen, con todo y pase
automático, se quedan sin cargo.
Por supuesto que las tres cuentan con el “respaldo” de los ciudadanos y están
seguras que una de las tres será la próxima presidenta de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación. Y las aspiracionistas -no de aspirar oxígeno, sino
posiciones- luchan entre sí para llegar al anhelado cargo. Eventualmente podría
no ser ninguna de ellas, porque la reforma establece que presidirá el máximo
órgano en el Tribunal, quien obtenga el mayor número de sufragios.
El pelo en la sopa es que, con los operadores electorales -antes llamados
tramposos que inventaron el carrusel, el ratón loco y la urna a punto de dar a luz,
entre otros- con que cuenta Morena y sus adláteres, será posible pronosticar que
las tres serán ministras y una de ellas la presidenta por dos años… algo es algo.
Ante la evidencia de que todo está “más transparente que el agua purificada y
santificada”, hay que preguntarse la razón, más allá de lo que se argumente
respecto a la normatividad jurídica, ¿por qué se oculta la información?
Cuando conozcamos los nombres, sabremos las razones expuestas el 27 de
enero de 2025.
PD. Quién habrá sido más fácil de doblar por Donald Trump: ¿Marcelo Ebrard o
Gustavo Petro?
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