Desde este 5 de enero arrancó en Ecuador la campaña electoral previa a las elecciones del 9 de febrero, en las que el aún presidente en funciones Daniel Noboa buscará la reelección entre cuestionamientos por el presunto incumplimiento de la legislación nacional
El llamado «Puente de la Unidad Nacional» amaneció lleno de pancartas con la imagen de Noboa, quien se postulará a la presidencia por segunda ocasión por el movimiento Acción Democrática Nacional (ADN, centro derecha) para intentar quedarse en el Palacio de Carondelet en el período 2025-2029.
También se espera al mediodía una concentración en apoyo al mandatario frente a la sede gubernamental, en el centro de Quito, que ha permanecido con vallas durante la actual administración, con restricciones a la circulación y cierres para los manifestantes.
El movimiento ADN anunció el lanzamiento de su campaña este mismo 5 de enero, al igual que Luisa González, del movimiento Revolución Ciudadana (RC, izquierda), quienes encabezan las encuestas sobre intención del voto.
En las elecciones anticipadas de 2023, Noboa y González igualmente protagonizaron el balotaje.
En total, 16 candidatos buscarán la presidencia, entre los cuales el presidente Noboa tendrá ventajas en comparación con el resto de los contendientes porque haría campaña mientras ejerce el cargo.
El Código de la Democracia señala la prohibición de que los funcionarios, desde la inscripción de su candidatura, participen en la inauguración de obras u otros financiados con fondos públicos.
Se esperaba que en la víspera, el mandatario emitiera un pronunciamiento al respecto, pero ello no ocurrió.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) evitó emitir una aclaración sobre el tema, ante un requerimiento de una de sus consejeras, Elena Nájera, y pese a que la propia presidenta del ente electoral, Diana Atamaint, había aceptado la norma expresa que señala la obligatoriedad de acatar los requisitos para poder participar en la contienda.
El ministro de Gobierno, José De la Gasca, y el movimiento oficialista ADN habían adelantado previamente que ni el presidente ni los legisladores que buscarán igualmente la reelección tendrían que acogerse a la mencionada licencia, al argumentar que alcanzaron el puesto en las elecciones anticipadas para completar el periodo de gobierno interrumpido por la llamada «muerte cruzada».
La víspera, la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) se pronunció respecto a los parlamentarios y aprobó una resolución en la cual ordena la licencia para todos quienes buscarán su reelección, sin privilegios, debido a que la bancada de ADN no solicitó su licencia.
La presidenta del parlamento, Viviana Veloz, rechazó un alegado «golpe de Estado» y señaló que esta decisión se tomó en estricto apego al artículo 93 del Código de la Democracia, regente de los procesos electorales en el país.
Veloz aclaró que dicha norma se refiere a la reelección desde el punto de vista de la contabilización y cálculo de los periodos para ejercer el cargo, pero dijo que en ninguna parte refiere el incumplimiento de las obligaciones y requisitos expresos.
El abogado constitucionalista André Benavides, entre otros juristas, alertaron a los candidatos a la reelección que no acatar las normas traerá consigo consecuencias en el orden electoral y penal e, incluso, causal de juicio político contra el presidente.
La decisión de Noboa estaría motivada por su negativa a que la vicepresidenta que ganó con él en los comicios anticipados, Verónica Abad, lo reemplace en el cargo mientras dura el periodo de campaña, para lo cual incluso nombró mediante decreto ejecutivo a una nueva «vicepresidenta constitucional». Sputnik
