Punto de Vista
Por Jesús Michel Narváez
De acuerdo con los análisis financieros que se han realizado por la Cámara de Diputados cuando aprueba las solicitudes de recursos públicos para el ejercicio fiscal de cada año, hay reacomodos, recortes, aumentos y en algunos casos dejan en cero a diversos programas que, desde la óptica de los legisladores, no cumplen con las normas establecidas. Por ejemplo, las reglas de operación.
En el caso de los órganos autónomos constitucionales, que ya tienen fecha de caducidad y serán sepultados 7 de ellos para que no sigan produciendo “malos olores”, la discusión en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública siempre se realiza en tonos nada amigables.
En el caso del Instituto Nacional Electoral, no es la excepción. Por el contrario, la tijera es afilada para cortar como si se tratara de una operación quirúrgica de alta especialidad.
Desde hace cuando menos 3 sexenios, los costos para realizar la elección presidencial y la intermedia, son discutidos y en la mayoría de las ocasiones, recortados.
Los especialistas en “pedir dinero”, convertidos en casi “científicos de la economía del bienestar”, afirman que se ajustan el cinturón hasta más no poder con la finalidad de que la “democracia no sea tan cara”.
Sin embargo, los argumentos de los peticionarios electorales parecen ser atinados para cumplir la encomienda.
EL caso de hoy es el presupuesto solicitado -por lo menos anunciado por la consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala- para la realización de la elección de jueces, magistrados y ministros, encendieron luces rojas en el púlpito presidencial.
La presidenta Claudia Sheinbaum mostró su total desacuerdo con el presupuesto presentado y que alcanza los 13 mil 25º millones de pesos.
“No entendemos cómo es que habían dicho que máximo eran 7 mil millones de pesos y ahora están prácticamente duplicando.
“Se puede llevar a cabo la elección sin un monto tan importante. No hay financiamiento para partidos políticos como en el caso de las elecciones que tienen apoyo directo del presupuesto público para hacer las campañas electorales”, añadió.
(Como información: haya o no campañas electorales todos los partidos reciben prerrogativas anualmente y la diferencia con los años en que se realizan comicios federales, no es tan grande como supone la jefa del Estado Mexicano).
Sin embargo, se tiene que estar de acuerdo con la postura de la presidenta cuando en una elección federal elige a 629 personas que deben hacer propaganda, pagar mítines, viáticos y hasta destrampes. En la de jueces, magistrados y ministros no hay financiamiento público y por tanto el costo debe ser menor, descontando, por supuesto, que las casillas, su instalación y el apoyo para alimentos del millón 200 mil ciudadanos que las cuidan y están al frente de ellas. En el caso de las boletas, aún no queda claro cuántas se imprimirán.
Se entiende que tendrá que ser el número similar a la elección presidencial. Es decir, considerar a todos los ciudadanos que se encuentren en la lista nominal, aunque no voten.
Además, en el número de boletas se incrementará por el total de los participantes, que rebasan y con mucho los que buscan un cargo de elección popular en materia federal.
Para el INE es un nuevo escollo que deberá salvar. Si se aferra al presupuesto presentado, habrá una batalla campal que, de antemano, se sabe quién la perderá.
Ahora bien, si lo pedido se apega a la realidad, hay que recordar que ninguna elección es gratis.
Y menos ahora que el INE tiene personajes improvisados y que, seguramente, piensan en la necesidad de recibir el millonario bono “por la misión cumplida”.
La presidenta amenazó: en caso de que el INE no revise el presupuesto, se enviará un escrito formal para expresar su postura sobre el asunto.
Saldrán chispas y centellas que se sumarán a la lluvia de meteoritos por las nominaciones.
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