Punto de Vista
Por Jesús Michel Narváez
De hacer sonar las alarmas porque el sismo que se registrará en las próximas revisiones de la Cuenta Pública no solo confirmarán que el gobierno anterior dispuso de 106 mil millones de pesos sin comprobar su uso, sino que hay nuevos hallazgos en las auditorías forenses.
Si bien el auditor superior David Colmenares Páramo inició su gestión exhibiendo el costo de la destrucción del NAIM, la fuerza de los reclamos presidenciales, lo hicieron recular y “reducir” sensiblemente el daño causado.
Después se convirtió en parte esencial para no caer en el drenaje: en tapadera metálica, de esas que se roban los recolectores de fierro viejo y lo funden para otros usos.
Hizo como que auditaba y cuando los expertos en la materia encontraban daños irreparables, los despedía. Mostró el cobre frente al oro que brillaba intensamente en los corredores del virreinal inmueble que ¿habitó? el que se comparó con Juárez y terminó demostrando que solamente utilizaba la figura para presumir su “sabiduría”.
La honestidad valiente que pregona desde su campaña para la jefatura de gobierno del Distrito Federal, que nunca fue exhibida -la valentía- pasó a ser cobarde, porque se escondió para que los miles de millones de pesos por concepto de obras, asignaciones directas, compras sin licitaciones públicas y apoyo a quienes sus familiares recomendaban, llegaran a los bolsillos de quienes estaban cerca de aquellos que ordenaban aun sin tener cargo oficial en el gobierno.
Para nadie fue ni ha sido un secreto la discrecionalidad con la que se manejó el dinero público desde Palacio Nacional.
Uno de los ejemplos más palpables, fue la disposición de 68 mil 400 millones de pesos que se encontraban en 109 fideicomisos y de los que se ignora a dónde fueron a parar. La propia ASF ha señalado que los programas sociales no son transparentes y la entrega de los recursos dispersados por el Banco del Bienestar se encuentran en el rubro de la opacidad por falta de claridad en las reglas de operación.
Si los recursos presuntamente usados y no comprobados y tampoco son recuperados, no deben echarse al “fondo perdido” sino exigir la devolución o que quienes hayan participado en el desvío, porque así le llaman coloquialmente al descarado robo, sean procesados y paguen con su libertad perdida.
No obstante que fue y es pública la intervención de los hijos del exmandatario para que sus amigos obtuvieran contratos en las mega obras realizadas y no terminadas -ninguna de ellas: AIFA, carece de vías de comunicación y servicios; Tren Maya no ha concluido su construcción y lo que ha sido inaugurado muestra fallas en el rodamiento, en las instalaciones de las estaciones y en tener una velocidad sostenida y Dos Bocas, que debió iniciar el proceso de refinación hace un año y para estas fechas estar sacando 345 mil barriles diarios de gasolinas y diésel, no tiene para cuándo- y, sin embargo, se llenaron, ellos sí, los bolsillos de millones de pesos.
Por todo ello y más, el expresidente López se fijó la meta de desaparecer el INAI, porque a través de su infraestructura y facultades legales obligaba a las entidades federales a transparentar las actividades. Siempre a petición de parte.
Y también por ello, blindó sus oropelescas obras con la Ley de Seguridad Nacional, en cuyo texto no encuadra ninguna de las mencionadas.
La honestidad valiente es más cobarde que una hiena en solitario.
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